La decisión del Segundo Tribunal Ambiental de revocar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva” de Collahuasi generó preocupación en los principales gremios mineros del país, debido al impacto que el fallo podría tener sobre la inversión y la certeza jurídica en Chile. La resolución judicial ordenó retrotraer parcialmente el proceso de evaluación ambiental de la iniciativa minera, situación que encendió las alertas tanto en el Consejo Minero como en la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), quienes cuestionaron las consecuencias que este tipo de decisiones podría generar para futuros proyectos estratégicos del sector. La iniciativa de Collahuasi contempla una inversión cercana a los US$3.200 millones y tiene como objetivo extender la continuidad operacional de la faena por otros 20 años. El proyecto, conocido como C20+, incluye obras de infraestructura y la construcción de una planta desaladora destinada a abastecer las operaciones mineras, infraestructura que actualmente se encuentra prácticamente terminada. Desde el Consejo Minero, su presidente ejecutivo, Joaquín Villarino, manifestó preocupación por el alcance del fallo, señalando que la resolución no solo afecta a un proyecto en particular, sino que además entrega una señal compleja respecto de la estabilidad del sistema de permisos ambientales y la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo de inversiones en el país. La situación adquiere especial relevancia considerando que Collahuasi es actualmente la quinta mayor mina de cobre del mundo y una de las operaciones más importantes para la industria minera nacional y para la economía del norte del país. El fallo también abrió nuevamente el debate respecto de los tiempos de tramitación ambiental y la judicialización de grandes proyectos, en momentos donde Chile busca impulsar nuevas inversiones vinculadas al cobre, litio y transición energética. En el sector minero advierten que la incertidumbre regulatoria podría afectar futuras iniciativas de inversión, especialmente en regiones como Antofagasta y Tarapacá, donde la minería continúa siendo el principal motor económico y fuente de empleo.
La decisión del Segundo Tribunal Ambiental de revocar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva” de Collahuasi generó preocupación en los principales gremios mineros del país, debido al impacto que el fallo podría tener sobre la inversión y la certeza jurídica en Chile. La resolución judicial ordenó retrotraer parcialmente el proceso de evaluación ambiental de la iniciativa minera, situación que encendió las alertas tanto en el Consejo Minero como en la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), quienes cuestionaron las consecuencias que este tipo de decisiones podría generar para futuros proyectos estratégicos del sector. La iniciativa de Collahuasi contempla una inversión cercana a los US$3.200 millones y tiene como objetivo extender la continuidad operacional de la faena por otros 20 años. El proyecto, conocido como C20+, incluye obras de infraestructura y la construcción de una planta desaladora destinada a abastecer las operaciones mineras, infraestructura que actualmente se encuentra prácticamente terminada. Desde el Consejo Minero, su presidente ejecutivo, Joaquín Villarino, manifestó preocupación por el alcance del fallo, señalando que la resolución no solo afecta a un proyecto en particular, sino que además entrega una señal compleja respecto de la estabilidad del sistema de permisos ambientales y la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo de inversiones en el país. La situación adquiere especial relevancia considerando que Collahuasi es actualmente la quinta mayor mina de cobre del mundo y una de las operaciones más importantes para la industria minera nacional y para la economía del norte del país. El fallo también abrió nuevamente el debate respecto de los tiempos de tramitación ambiental y la judicialización de grandes proyectos, en momentos donde Chile busca impulsar nuevas inversiones vinculadas al cobre, litio y transición energética. En el sector minero advierten que la incertidumbre regulatoria podría afectar futuras iniciativas de inversión, especialmente en regiones como Antofagasta y Tarapacá, donde la minería continúa siendo el principal motor económico y fuente de empleo.
