El norte de Chile se consolidó como el principal polo de inversión del país durante los primeros dos meses del gobierno del Presidente José Antonio Kast, luego que megaproyectos mineros, energéticos y tecnológicos impulsaran un récord histórico de ingresos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Entre el 11 de marzo y el 11 de mayo de 2026, ingresaron a evaluación ambiental 65 proyectos por un monto total de US$22.258 millones, la cifra más alta registrada para un inicio de gobierno desde el retorno a la democracia. Los datos, entregados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), reflejan un fuerte dinamismo especialmente en las regiones del norte, donde se concentran las iniciativas más relevantes vinculadas a minería, litio, energía y tecnología industrial. A pesar de que el número de proyectos presentados fue menor al registrado al inicio de otros gobiernos, el volumen de capital comprometido supera ampliamente las cifras históricas anteriores. Hasta ahora, el mayor monto registrado correspondía al primer gobierno de Sebastián Piñera, en 2010, con US$6.369 millones, mientras que la administración de Gabriel Boric había alcanzado US$5.835 millones en 2022. La Región de Antofagasta aparece como uno de los principales epicentros de esta nueva ola de inversión. Entre los proyectos más relevantes destaca la continuidad operacional de Minera El Abra, con US$7.500 millones, iniciativa que considera una planta concentradora y desalinización de agua. A ello se suma la expansión de Minera Escondida, con una inversión estimada de US$5.150 millones destinada a nuevas obras eléctricas y de concentración minera, fortaleciendo así la capacidad productiva de la principal faena cuprífera del país. En el ámbito del litio, Albemarle ingresó el proyecto TED, orientado a la transición hacia extracción directa, por US$3.100 millones, mientras que el complejo tecnológico NorQuim, emplazado en Antofagasta, contempla inversiones cercanas a US$900 millones. El impulso no solo se refleja en el ingreso de nuevas iniciativas. Durante el mismo periodo, la autoridad ambiental aprobó 36 proyectos por un total de US$8.655 millones, otro récord para un inicio de administración presidencial. La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, aseguró durante el Chile Day realizado en Toronto que el objetivo del Gobierno es reducir en al menos un 30% los tiempos de evaluación ambiental, manteniendo los estándares regulatorios y fortaleciendo la seguridad jurídica para las inversiones. “Estamos eliminando ineficiencias del proceso de manera seria y responsable, resguardando nuestros estándares ambientales. Para este gobierno, crecimiento económico, sustentabilidad y seguridad jurídica son parte de una misma agenda”, señaló la secretaria de Estado. Desde el SEA, su director ejecutivo Arturo Farías afirmó que el ingreso histórico de proyectos responde a una mayor confianza en la institucionalidad ambiental y en la eficiencia del sistema de evaluación. No obstante, el aceleramiento de los procesos también abrió debate entre especialistas. Algunos expertos advierten riesgos de una eventual mayor judicialización si las evaluaciones no consideran adecuadamente observaciones ciudadanas o técnicas. Otros, en cambio, sostienen que la rapidez no implica necesariamente menor rigurosidad, considerando la existencia de controles judiciales y ambientales. Mientras tanto, en el norte del país las cifras son observadas con atención, considerando que gran parte de estas inversiones podrían traducirse en empleo, desarrollo de infraestructura y fortalecimiento económico para las regiones mineras, en momentos donde la industria busca consolidar nuevos ciclos de expansión ligados al cobre, litio y energías limpias.
Minera El Abra, filial chilena de la estadounidense Freeport-McMoRan, anunció el ingreso de su Proyecto de Continuidad Operacional al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en la Región de Antofagasta, marcando un hito clave para el futuro de la operación minera en el norte del país. La iniciativa es resultado de años de estudios técnicos, análisis de línea base ambiental y planificación estratégica, orientados a cumplir con altos estándares en materia ambiental, operacional y de relacionamiento con comunidades. El proyecto busca extender la vida útil de la faena en al menos 40 años, incrementando la producción de cobre para responder a la creciente demanda global por este recurso estratégico. Con una inversión estimada de US$7.500 millones, el plan contempla el desarrollo de una planta concentradora, una planta desalinizadora con su respectivo sistema de impulsión de agua, un depósito de relaves espesados, la expansión de la mina y la continuidad de las operaciones de lixiviación. De obtener la aprobación ambiental, se proyecta que las operaciones ampliadas comiencen en 2033, con un aumento significativo en la producción anual de cobre, superando las 300 mil toneladas. Actualmente, Minera El Abra es propiedad de Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%), consolidándose como un actor relevante en la industria minera nacional. “El ingreso de este proyecto al SEIA es un paso fundamental para asegurar la continuidad operacional de El Abra, materializando una inversión de largo plazo bajo altos estándares ambientales y técnicos”, señaló Mario Larenas, country manager de Freeport-McMoRan Chile. En términos de impacto laboral, la iniciativa contempla la generación de cerca de 20.000 empleos durante la etapa de construcción y alrededor de 2.300 puestos directos en su operación, además de miles de empleos indirectos. En total, se estima la creación de más de 31.000 puestos de trabajo, contribuyendo significativamente al desarrollo económico regional. Desde la compañía destacaron que este proyecto no solo fortalece la continuidad de la operación minera, sino que también impulsa el crecimiento de proveedores locales y posiciona a la Región de Antofagasta como un eje estratégico en la minería global del cobre.
El norte de Chile se consolidó como el principal polo de inversión del país durante los primeros dos meses del gobierno del Presidente José Antonio Kast, luego que megaproyectos mineros, energéticos y tecnológicos impulsaran un récord histórico de ingresos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Entre el 11 de marzo y el 11 de mayo de 2026, ingresaron a evaluación ambiental 65 proyectos por un monto total de US$22.258 millones, la cifra más alta registrada para un inicio de gobierno desde el retorno a la democracia. Los datos, entregados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), reflejan un fuerte dinamismo especialmente en las regiones del norte, donde se concentran las iniciativas más relevantes vinculadas a minería, litio, energía y tecnología industrial. A pesar de que el número de proyectos presentados fue menor al registrado al inicio de otros gobiernos, el volumen de capital comprometido supera ampliamente las cifras históricas anteriores. Hasta ahora, el mayor monto registrado correspondía al primer gobierno de Sebastián Piñera, en 2010, con US$6.369 millones, mientras que la administración de Gabriel Boric había alcanzado US$5.835 millones en 2022. La Región de Antofagasta aparece como uno de los principales epicentros de esta nueva ola de inversión. Entre los proyectos más relevantes destaca la continuidad operacional de Minera El Abra, con US$7.500 millones, iniciativa que considera una planta concentradora y desalinización de agua. A ello se suma la expansión de Minera Escondida, con una inversión estimada de US$5.150 millones destinada a nuevas obras eléctricas y de concentración minera, fortaleciendo así la capacidad productiva de la principal faena cuprífera del país. En el ámbito del litio, Albemarle ingresó el proyecto TED, orientado a la transición hacia extracción directa, por US$3.100 millones, mientras que el complejo tecnológico NorQuim, emplazado en Antofagasta, contempla inversiones cercanas a US$900 millones. El impulso no solo se refleja en el ingreso de nuevas iniciativas. Durante el mismo periodo, la autoridad ambiental aprobó 36 proyectos por un total de US$8.655 millones, otro récord para un inicio de administración presidencial. La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, aseguró durante el Chile Day realizado en Toronto que el objetivo del Gobierno es reducir en al menos un 30% los tiempos de evaluación ambiental, manteniendo los estándares regulatorios y fortaleciendo la seguridad jurídica para las inversiones. “Estamos eliminando ineficiencias del proceso de manera seria y responsable, resguardando nuestros estándares ambientales. Para este gobierno, crecimiento económico, sustentabilidad y seguridad jurídica son parte de una misma agenda”, señaló la secretaria de Estado. Desde el SEA, su director ejecutivo Arturo Farías afirmó que el ingreso histórico de proyectos responde a una mayor confianza en la institucionalidad ambiental y en la eficiencia del sistema de evaluación. No obstante, el aceleramiento de los procesos también abrió debate entre especialistas. Algunos expertos advierten riesgos de una eventual mayor judicialización si las evaluaciones no consideran adecuadamente observaciones ciudadanas o técnicas. Otros, en cambio, sostienen que la rapidez no implica necesariamente menor rigurosidad, considerando la existencia de controles judiciales y ambientales. Mientras tanto, en el norte del país las cifras son observadas con atención, considerando que gran parte de estas inversiones podrían traducirse en empleo, desarrollo de infraestructura y fortalecimiento económico para las regiones mineras, en momentos donde la industria busca consolidar nuevos ciclos de expansión ligados al cobre, litio y energías limpias.
Minera El Abra, filial chilena de la estadounidense Freeport-McMoRan, anunció el ingreso de su Proyecto de Continuidad Operacional al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en la Región de Antofagasta, marcando un hito clave para el futuro de la operación minera en el norte del país. La iniciativa es resultado de años de estudios técnicos, análisis de línea base ambiental y planificación estratégica, orientados a cumplir con altos estándares en materia ambiental, operacional y de relacionamiento con comunidades. El proyecto busca extender la vida útil de la faena en al menos 40 años, incrementando la producción de cobre para responder a la creciente demanda global por este recurso estratégico. Con una inversión estimada de US$7.500 millones, el plan contempla el desarrollo de una planta concentradora, una planta desalinizadora con su respectivo sistema de impulsión de agua, un depósito de relaves espesados, la expansión de la mina y la continuidad de las operaciones de lixiviación. De obtener la aprobación ambiental, se proyecta que las operaciones ampliadas comiencen en 2033, con un aumento significativo en la producción anual de cobre, superando las 300 mil toneladas. Actualmente, Minera El Abra es propiedad de Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%), consolidándose como un actor relevante en la industria minera nacional. “El ingreso de este proyecto al SEIA es un paso fundamental para asegurar la continuidad operacional de El Abra, materializando una inversión de largo plazo bajo altos estándares ambientales y técnicos”, señaló Mario Larenas, country manager de Freeport-McMoRan Chile. En términos de impacto laboral, la iniciativa contempla la generación de cerca de 20.000 empleos durante la etapa de construcción y alrededor de 2.300 puestos directos en su operación, además de miles de empleos indirectos. En total, se estima la creación de más de 31.000 puestos de trabajo, contribuyendo significativamente al desarrollo económico regional. Desde la compañía destacaron que este proyecto no solo fortalece la continuidad de la operación minera, sino que también impulsa el crecimiento de proveedores locales y posiciona a la Región de Antofagasta como un eje estratégico en la minería global del cobre.
