La decisión del Segundo Tribunal Ambiental de revocar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva” de Collahuasi generó preocupación en los principales gremios mineros del país, debido al impacto que el fallo podría tener sobre la inversión y la certeza jurídica en Chile. La resolución judicial ordenó retrotraer parcialmente el proceso de evaluación ambiental de la iniciativa minera, situación que encendió las alertas tanto en el Consejo Minero como en la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), quienes cuestionaron las consecuencias que este tipo de decisiones podría generar para futuros proyectos estratégicos del sector. La iniciativa de Collahuasi contempla una inversión cercana a los US$3.200 millones y tiene como objetivo extender la continuidad operacional de la faena por otros 20 años. El proyecto, conocido como C20+, incluye obras de infraestructura y la construcción de una planta desaladora destinada a abastecer las operaciones mineras, infraestructura que actualmente se encuentra prácticamente terminada. Desde el Consejo Minero, su presidente ejecutivo, Joaquín Villarino, manifestó preocupación por el alcance del fallo, señalando que la resolución no solo afecta a un proyecto en particular, sino que además entrega una señal compleja respecto de la estabilidad del sistema de permisos ambientales y la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo de inversiones en el país. La situación adquiere especial relevancia considerando que Collahuasi es actualmente la quinta mayor mina de cobre del mundo y una de las operaciones más importantes para la industria minera nacional y para la economía del norte del país. El fallo también abrió nuevamente el debate respecto de los tiempos de tramitación ambiental y la judicialización de grandes proyectos, en momentos donde Chile busca impulsar nuevas inversiones vinculadas al cobre, litio y transición energética. En el sector minero advierten que la incertidumbre regulatoria podría afectar futuras iniciativas de inversión, especialmente en regiones como Antofagasta y Tarapacá, donde la minería continúa siendo el principal motor económico y fuente de empleo.
El Gobierno anunció este jueves la designación de nuevos integrantes para el directorio de Codelco, en una decisión que busca enfrentar los desafíos financieros y productivos que atraviesa la principal cuprífera del país. El anuncio fue realizado por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas Valdés, quien aseguró que la empresa estatal enfrenta un escenario complejo marcado por altos niveles de endeudamiento, estancamiento productivo y sobrecostos en algunos proyectos estructurales. “Vamos a iniciar las investigaciones del caso y adoptar todas las acciones correspondientes para esclarecer la información”, afirmó la autoridad, adelantando además que los nuevos directores asumirán con un mandato especial de investigación y eventual auditoría externa. Los nuevos integrantes del directorio son: Bernardo Fontaine Talavera, economista e ingeniero comercial con experiencia en políticas públicas y empresas; Luz Granier Bulnes, ingeniera comercial y exsubsecretaria de Servicios Sociales; Alejandro Canut de Bon, abogado y exdirector de ENAMI, con trayectoria en minería privada. Los profesionales reemplazarán a Máximo Pacheco Matte, Josefina Montenegro Araneda y Alejandra Wood Huidobro. El ministro sostuvo que el objetivo del Ejecutivo es fortalecer el gobierno corporativo de la estatal y avanzar hacia una gestión “más rigurosa y eficiente”, especialmente en momentos donde la industria minera enfrenta presiones por costos, productividad y competitividad internacional. Además, Mas planteó que uno de los focos de largo plazo será impulsar una mayor apertura de la compañía hacia alianzas estratégicas con el sector privado, asegurando que “para que Chile sea una verdadera potencia minera, Codelco debe establecer alianzas comprendiendo la relevancia que el trabajo conjunto tiene para el futuro de la empresa”. La renovación del directorio ocurre en un contexto donde la estatal enfrenta crecientes desafíos operacionales y financieros, en medio de un escenario global marcado por la alta demanda de cobre y minerales críticos para la transición energética.
El norte de Chile se consolidó como el principal polo de inversión del país durante los primeros dos meses del gobierno del Presidente José Antonio Kast, luego que megaproyectos mineros, energéticos y tecnológicos impulsaran un récord histórico de ingresos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Entre el 11 de marzo y el 11 de mayo de 2026, ingresaron a evaluación ambiental 65 proyectos por un monto total de US$22.258 millones, la cifra más alta registrada para un inicio de gobierno desde el retorno a la democracia. Los datos, entregados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), reflejan un fuerte dinamismo especialmente en las regiones del norte, donde se concentran las iniciativas más relevantes vinculadas a minería, litio, energía y tecnología industrial. A pesar de que el número de proyectos presentados fue menor al registrado al inicio de otros gobiernos, el volumen de capital comprometido supera ampliamente las cifras históricas anteriores. Hasta ahora, el mayor monto registrado correspondía al primer gobierno de Sebastián Piñera, en 2010, con US$6.369 millones, mientras que la administración de Gabriel Boric había alcanzado US$5.835 millones en 2022. La Región de Antofagasta aparece como uno de los principales epicentros de esta nueva ola de inversión. Entre los proyectos más relevantes destaca la continuidad operacional de Minera El Abra, con US$7.500 millones, iniciativa que considera una planta concentradora y desalinización de agua. A ello se suma la expansión de Minera Escondida, con una inversión estimada de US$5.150 millones destinada a nuevas obras eléctricas y de concentración minera, fortaleciendo así la capacidad productiva de la principal faena cuprífera del país. En el ámbito del litio, Albemarle ingresó el proyecto TED, orientado a la transición hacia extracción directa, por US$3.100 millones, mientras que el complejo tecnológico NorQuim, emplazado en Antofagasta, contempla inversiones cercanas a US$900 millones. El impulso no solo se refleja en el ingreso de nuevas iniciativas. Durante el mismo periodo, la autoridad ambiental aprobó 36 proyectos por un total de US$8.655 millones, otro récord para un inicio de administración presidencial. La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, aseguró durante el Chile Day realizado en Toronto que el objetivo del Gobierno es reducir en al menos un 30% los tiempos de evaluación ambiental, manteniendo los estándares regulatorios y fortaleciendo la seguridad jurídica para las inversiones. “Estamos eliminando ineficiencias del proceso de manera seria y responsable, resguardando nuestros estándares ambientales. Para este gobierno, crecimiento económico, sustentabilidad y seguridad jurídica son parte de una misma agenda”, señaló la secretaria de Estado. Desde el SEA, su director ejecutivo Arturo Farías afirmó que el ingreso histórico de proyectos responde a una mayor confianza en la institucionalidad ambiental y en la eficiencia del sistema de evaluación. No obstante, el aceleramiento de los procesos también abrió debate entre especialistas. Algunos expertos advierten riesgos de una eventual mayor judicialización si las evaluaciones no consideran adecuadamente observaciones ciudadanas o técnicas. Otros, en cambio, sostienen que la rapidez no implica necesariamente menor rigurosidad, considerando la existencia de controles judiciales y ambientales. Mientras tanto, en el norte del país las cifras son observadas con atención, considerando que gran parte de estas inversiones podrían traducirse en empleo, desarrollo de infraestructura y fortalecimiento económico para las regiones mineras, en momentos donde la industria busca consolidar nuevos ciclos de expansión ligados al cobre, litio y energías limpias.
Durante los últimos días, 308 comunas del país comenzaron a recibir los primeros pagos del royalty minero, marcando el inicio de una nueva etapa en el financiamiento municipal. En total, la Tesorería General de la República (TGR) ya ha transferido más de $113 mil millones correspondientes a las dos primeras cuotas, realizadas el 15 y 21 de abril. En este escenario, la Región de Antofagasta se posiciona como una de las principales beneficiadas. Solo por el Fondo de Comunas Mineras (FCM), las nueve comunas de la región recibirán más de $11.700 millones, a lo que se suman otros $2.431 millones del Fondo de Equidad Territorial (FET), destinados a reducir brechas entre municipios. Entre las comunas con mayores recursos destaca Calama, que recibirá más de $4.500 millones, seguida por Antofagasta con cerca de $2.140 millones. Estos montos permitirán impulsar proyectos de alto impacto local, enfocados en mejorar la calidad de vida de los habitantes. En Calama, el alcalde Eliecer Chamorro detalló que los recursos ya están siendo destinados a iniciativas concretas, como la construcción de plazas inclusivas, el desarrollo del Parque Poniente y proyectos de pavimentación. Además, anunció que un 20% de los fondos se destinará directamente a las comunidades del Alto Loa. Por su parte, en Sierra Gorda, la alcaldesa Adriana Rivera adelantó que los recursos se enfocarán principalmente en infraestructura, destacando la construcción de un edificio consistorial, obra esperada por más de dos décadas. También se proyectan parques urbanos, mejoras en vialidad y espacios recreativos. En Tocopilla y Mejillones, si bien aún se afinan los proyectos, ya se evalúan iniciativas en áreas como mejoramiento de plazas, multicanchas, alumbrado público y gestión de residuos. En este último punto, Mejillones prioriza la adquisición de equipamiento para fortalecer el retiro de basura y el cierre perimetral del vertedero municipal. A nivel nacional, las comunas que reciben mayores montos son Puente Alto, Calama, Maipú y Copiapó, consolidando el impacto de este mecanismo de redistribución de recursos. El royalty minero busca compensar las externalidades de la actividad extractiva y fortalecer la autonomía de los municipios, permitiéndoles responder de mejor manera a las necesidades de sus territorios. En la Región de Antofagasta, su implementación ya comienza a traducirse en obras concretas, con foco en desarrollo urbano, inclusión y bienestar social.
Después de una serie de pruebas y auditorías externas, los cátodos de cobre fino de Minera Antucoya obtuvieron la certificación de calidad y pureza exigidas por la Bolsa de Metales de Londres (LME) y de Nueva York (COMEX). Este reconocimiento permite que su producción cumpla con los estándares de comercialización de dos de las bolsas de metales más influyentes del mundo. Con este paso, las 3 compañías de Antofagasta Minerals que producen cátodos de cobre: Minera Centinela, Compañía Minera Zaldívar y ahora Minera Antucoya, quedan acreditadas para que sus cátodos sean aceptados por el sistema de bodegas de cada una de las bolsas de metales mencionadas. El Grupo Minero refuerza así su compromiso de liderar la producción sustentable de cobre, un recurso clave para la transición energética, la innovación tecnológica y el crecimiento económico mundial. Este logro es fruto de un proceso de varios años, encabezado por un equipo comprometido con la mejora continua y la excelencia. Confirma el potencial de un yacimiento de bajas leyes y de una operación que aporta valor en términos de competitividad y reputación de cara al futuro, señaló Ivo Fadic, gerente general de Minera Antucoya. El camino hacia este reconocimiento comenzó en 2021, cuando la empresa certificó su Sistema de Gestión de Calidad en el proceso de electro-obtención bajo la norma ISO 9001:2015. En 2022 obtuvo el sello The Copper Mark, que valida una producción sustentable alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Finalmente, este año la marca Antucoya fue aceptada por ambas bolsas de metales. Importancia del hito Para registrar los cátodos en estos mercados, las compañías debe cumplir exigentes estándares de composición química, minimizando impurezas y alcanzando niveles de pureza superiores al 99.9935%. Estos parámetros son validados por auditorías externas antes de la aprobación final de la Bolsa. Finalmente, este registro acredita una producción responsable e integridad en la cadena de suministro. Las principales ventajas al lograr esta acreditación son el reconocimiento internacional de la marca y su relación con un producto de alta calidad. Además, el activo adquiere “liquidez” al contar con un valor respaldado en mercados globales. Y todo lo anterior se relaciona directamente con lo más importante: entrega un valor de comercialización y estabilidad de precios, incluso frente a la volatilidad del mercado. Para Minera Antucoya y Antofagasta Minerals se trata de un hito fundamental que reconoce el mejoramiento continuo de sus procesos operacionales y, al mismo tiempo, crea valor para trabajadoras y trabajadores, accionistas, proveedores y clientes finales.
La decisión del Segundo Tribunal Ambiental de revocar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva” de Collahuasi generó preocupación en los principales gremios mineros del país, debido al impacto que el fallo podría tener sobre la inversión y la certeza jurídica en Chile. La resolución judicial ordenó retrotraer parcialmente el proceso de evaluación ambiental de la iniciativa minera, situación que encendió las alertas tanto en el Consejo Minero como en la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), quienes cuestionaron las consecuencias que este tipo de decisiones podría generar para futuros proyectos estratégicos del sector. La iniciativa de Collahuasi contempla una inversión cercana a los US$3.200 millones y tiene como objetivo extender la continuidad operacional de la faena por otros 20 años. El proyecto, conocido como C20+, incluye obras de infraestructura y la construcción de una planta desaladora destinada a abastecer las operaciones mineras, infraestructura que actualmente se encuentra prácticamente terminada. Desde el Consejo Minero, su presidente ejecutivo, Joaquín Villarino, manifestó preocupación por el alcance del fallo, señalando que la resolución no solo afecta a un proyecto en particular, sino que además entrega una señal compleja respecto de la estabilidad del sistema de permisos ambientales y la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo de inversiones en el país. La situación adquiere especial relevancia considerando que Collahuasi es actualmente la quinta mayor mina de cobre del mundo y una de las operaciones más importantes para la industria minera nacional y para la economía del norte del país. El fallo también abrió nuevamente el debate respecto de los tiempos de tramitación ambiental y la judicialización de grandes proyectos, en momentos donde Chile busca impulsar nuevas inversiones vinculadas al cobre, litio y transición energética. En el sector minero advierten que la incertidumbre regulatoria podría afectar futuras iniciativas de inversión, especialmente en regiones como Antofagasta y Tarapacá, donde la minería continúa siendo el principal motor económico y fuente de empleo.
El Gobierno anunció este jueves la designación de nuevos integrantes para el directorio de Codelco, en una decisión que busca enfrentar los desafíos financieros y productivos que atraviesa la principal cuprífera del país. El anuncio fue realizado por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas Valdés, quien aseguró que la empresa estatal enfrenta un escenario complejo marcado por altos niveles de endeudamiento, estancamiento productivo y sobrecostos en algunos proyectos estructurales. “Vamos a iniciar las investigaciones del caso y adoptar todas las acciones correspondientes para esclarecer la información”, afirmó la autoridad, adelantando además que los nuevos directores asumirán con un mandato especial de investigación y eventual auditoría externa. Los nuevos integrantes del directorio son: Bernardo Fontaine Talavera, economista e ingeniero comercial con experiencia en políticas públicas y empresas; Luz Granier Bulnes, ingeniera comercial y exsubsecretaria de Servicios Sociales; Alejandro Canut de Bon, abogado y exdirector de ENAMI, con trayectoria en minería privada. Los profesionales reemplazarán a Máximo Pacheco Matte, Josefina Montenegro Araneda y Alejandra Wood Huidobro. El ministro sostuvo que el objetivo del Ejecutivo es fortalecer el gobierno corporativo de la estatal y avanzar hacia una gestión “más rigurosa y eficiente”, especialmente en momentos donde la industria minera enfrenta presiones por costos, productividad y competitividad internacional. Además, Mas planteó que uno de los focos de largo plazo será impulsar una mayor apertura de la compañía hacia alianzas estratégicas con el sector privado, asegurando que “para que Chile sea una verdadera potencia minera, Codelco debe establecer alianzas comprendiendo la relevancia que el trabajo conjunto tiene para el futuro de la empresa”. La renovación del directorio ocurre en un contexto donde la estatal enfrenta crecientes desafíos operacionales y financieros, en medio de un escenario global marcado por la alta demanda de cobre y minerales críticos para la transición energética.
El norte de Chile se consolidó como el principal polo de inversión del país durante los primeros dos meses del gobierno del Presidente José Antonio Kast, luego que megaproyectos mineros, energéticos y tecnológicos impulsaran un récord histórico de ingresos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Entre el 11 de marzo y el 11 de mayo de 2026, ingresaron a evaluación ambiental 65 proyectos por un monto total de US$22.258 millones, la cifra más alta registrada para un inicio de gobierno desde el retorno a la democracia. Los datos, entregados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), reflejan un fuerte dinamismo especialmente en las regiones del norte, donde se concentran las iniciativas más relevantes vinculadas a minería, litio, energía y tecnología industrial. A pesar de que el número de proyectos presentados fue menor al registrado al inicio de otros gobiernos, el volumen de capital comprometido supera ampliamente las cifras históricas anteriores. Hasta ahora, el mayor monto registrado correspondía al primer gobierno de Sebastián Piñera, en 2010, con US$6.369 millones, mientras que la administración de Gabriel Boric había alcanzado US$5.835 millones en 2022. La Región de Antofagasta aparece como uno de los principales epicentros de esta nueva ola de inversión. Entre los proyectos más relevantes destaca la continuidad operacional de Minera El Abra, con US$7.500 millones, iniciativa que considera una planta concentradora y desalinización de agua. A ello se suma la expansión de Minera Escondida, con una inversión estimada de US$5.150 millones destinada a nuevas obras eléctricas y de concentración minera, fortaleciendo así la capacidad productiva de la principal faena cuprífera del país. En el ámbito del litio, Albemarle ingresó el proyecto TED, orientado a la transición hacia extracción directa, por US$3.100 millones, mientras que el complejo tecnológico NorQuim, emplazado en Antofagasta, contempla inversiones cercanas a US$900 millones. El impulso no solo se refleja en el ingreso de nuevas iniciativas. Durante el mismo periodo, la autoridad ambiental aprobó 36 proyectos por un total de US$8.655 millones, otro récord para un inicio de administración presidencial. La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, aseguró durante el Chile Day realizado en Toronto que el objetivo del Gobierno es reducir en al menos un 30% los tiempos de evaluación ambiental, manteniendo los estándares regulatorios y fortaleciendo la seguridad jurídica para las inversiones. “Estamos eliminando ineficiencias del proceso de manera seria y responsable, resguardando nuestros estándares ambientales. Para este gobierno, crecimiento económico, sustentabilidad y seguridad jurídica son parte de una misma agenda”, señaló la secretaria de Estado. Desde el SEA, su director ejecutivo Arturo Farías afirmó que el ingreso histórico de proyectos responde a una mayor confianza en la institucionalidad ambiental y en la eficiencia del sistema de evaluación. No obstante, el aceleramiento de los procesos también abrió debate entre especialistas. Algunos expertos advierten riesgos de una eventual mayor judicialización si las evaluaciones no consideran adecuadamente observaciones ciudadanas o técnicas. Otros, en cambio, sostienen que la rapidez no implica necesariamente menor rigurosidad, considerando la existencia de controles judiciales y ambientales. Mientras tanto, en el norte del país las cifras son observadas con atención, considerando que gran parte de estas inversiones podrían traducirse en empleo, desarrollo de infraestructura y fortalecimiento económico para las regiones mineras, en momentos donde la industria busca consolidar nuevos ciclos de expansión ligados al cobre, litio y energías limpias.
Durante los últimos días, 308 comunas del país comenzaron a recibir los primeros pagos del royalty minero, marcando el inicio de una nueva etapa en el financiamiento municipal. En total, la Tesorería General de la República (TGR) ya ha transferido más de $113 mil millones correspondientes a las dos primeras cuotas, realizadas el 15 y 21 de abril. En este escenario, la Región de Antofagasta se posiciona como una de las principales beneficiadas. Solo por el Fondo de Comunas Mineras (FCM), las nueve comunas de la región recibirán más de $11.700 millones, a lo que se suman otros $2.431 millones del Fondo de Equidad Territorial (FET), destinados a reducir brechas entre municipios. Entre las comunas con mayores recursos destaca Calama, que recibirá más de $4.500 millones, seguida por Antofagasta con cerca de $2.140 millones. Estos montos permitirán impulsar proyectos de alto impacto local, enfocados en mejorar la calidad de vida de los habitantes. En Calama, el alcalde Eliecer Chamorro detalló que los recursos ya están siendo destinados a iniciativas concretas, como la construcción de plazas inclusivas, el desarrollo del Parque Poniente y proyectos de pavimentación. Además, anunció que un 20% de los fondos se destinará directamente a las comunidades del Alto Loa. Por su parte, en Sierra Gorda, la alcaldesa Adriana Rivera adelantó que los recursos se enfocarán principalmente en infraestructura, destacando la construcción de un edificio consistorial, obra esperada por más de dos décadas. También se proyectan parques urbanos, mejoras en vialidad y espacios recreativos. En Tocopilla y Mejillones, si bien aún se afinan los proyectos, ya se evalúan iniciativas en áreas como mejoramiento de plazas, multicanchas, alumbrado público y gestión de residuos. En este último punto, Mejillones prioriza la adquisición de equipamiento para fortalecer el retiro de basura y el cierre perimetral del vertedero municipal. A nivel nacional, las comunas que reciben mayores montos son Puente Alto, Calama, Maipú y Copiapó, consolidando el impacto de este mecanismo de redistribución de recursos. El royalty minero busca compensar las externalidades de la actividad extractiva y fortalecer la autonomía de los municipios, permitiéndoles responder de mejor manera a las necesidades de sus territorios. En la Región de Antofagasta, su implementación ya comienza a traducirse en obras concretas, con foco en desarrollo urbano, inclusión y bienestar social.
Después de una serie de pruebas y auditorías externas, los cátodos de cobre fino de Minera Antucoya obtuvieron la certificación de calidad y pureza exigidas por la Bolsa de Metales de Londres (LME) y de Nueva York (COMEX). Este reconocimiento permite que su producción cumpla con los estándares de comercialización de dos de las bolsas de metales más influyentes del mundo. Con este paso, las 3 compañías de Antofagasta Minerals que producen cátodos de cobre: Minera Centinela, Compañía Minera Zaldívar y ahora Minera Antucoya, quedan acreditadas para que sus cátodos sean aceptados por el sistema de bodegas de cada una de las bolsas de metales mencionadas. El Grupo Minero refuerza así su compromiso de liderar la producción sustentable de cobre, un recurso clave para la transición energética, la innovación tecnológica y el crecimiento económico mundial. Este logro es fruto de un proceso de varios años, encabezado por un equipo comprometido con la mejora continua y la excelencia. Confirma el potencial de un yacimiento de bajas leyes y de una operación que aporta valor en términos de competitividad y reputación de cara al futuro, señaló Ivo Fadic, gerente general de Minera Antucoya. El camino hacia este reconocimiento comenzó en 2021, cuando la empresa certificó su Sistema de Gestión de Calidad en el proceso de electro-obtención bajo la norma ISO 9001:2015. En 2022 obtuvo el sello The Copper Mark, que valida una producción sustentable alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Finalmente, este año la marca Antucoya fue aceptada por ambas bolsas de metales. Importancia del hito Para registrar los cátodos en estos mercados, las compañías debe cumplir exigentes estándares de composición química, minimizando impurezas y alcanzando niveles de pureza superiores al 99.9935%. Estos parámetros son validados por auditorías externas antes de la aprobación final de la Bolsa. Finalmente, este registro acredita una producción responsable e integridad en la cadena de suministro. Las principales ventajas al lograr esta acreditación son el reconocimiento internacional de la marca y su relación con un producto de alta calidad. Además, el activo adquiere “liquidez” al contar con un valor respaldado en mercados globales. Y todo lo anterior se relaciona directamente con lo más importante: entrega un valor de comercialización y estabilidad de precios, incluso frente a la volatilidad del mercado. Para Minera Antucoya y Antofagasta Minerals se trata de un hito fundamental que reconoce el mejoramiento continuo de sus procesos operacionales y, al mismo tiempo, crea valor para trabajadoras y trabajadores, accionistas, proveedores y clientes finales.
