Codelco comunicó la creación de un joint venture con Quiborax, con el objetivo de avanzar en la obtención de un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) que permita explotar el litio en el Salar de Ascotán. Según se detalló, la propuesta tiene una estructura accionaria inicial de 34% para Codelco y 66% para Quiborax, que en el futuro debe cambiar, dado que el pacto de accionistas establece la incorporación de un nuevo accionista que asuma una participación mayoritaria para el desarrollo del proyecto. El salar de Ascotán, ubicado en la región de Antofagasta, es el tercer salar de mayor superficie en Chile con contenido de salmueras subterráneas. A la fecha no ha sido explorado en busca de litio, sin embargo, “tiene un atractivo potencial exploratorio”, resaltó la estatal cuprífera. En dicho pacto también se acordó que la propiedad minera y demás activos de la estatal en el salar podrán ser aportados a la sociedad, después de celebrado el CEOL con el Ministerio de Minería. Codelco y Quiborax se presentaron como consorcio a la postulación de este CEOL en enero de 2025 y se espera que en las próximas semanas dicho Ministerio ingrese a la Contraloría General de la República el Decreto Supremo con los términos y condiciones generales del CEOL que suscribirá con Minera Ascotán SpA. Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, explicó que “la creación de Minera Ascotán reafirma el liderazgo de la Corporación en la Estrategia Nacional del Litio, siempre con el objetivo de generar valor para el país y contribuir a la transición energética global”.
El Gobierno de la India anunció este viernes que espera concluir en el corto plazo las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile, acuerdo considerado estratégico para asegurar el suministro de minerales críticos que resultan esenciales para el desarrollo tecnológico y la industria automotriz del país asiático. Durante un evento realizado en Nueva Delhi, el ministro de Comercio e Industria, Piyush Goyal, afirmó que “cerraremos pronto el TLC con Chile. Nos abrirá el acceso a minerales críticos”, destacando el interés de su país por las amplias reservas chilenas de litio, cobre, renio, molibdeno y cobalto. Estas materias primas son fundamentales para sectores clave como la electrónica, los vehículos eléctricos y la energía solar, áreas prioritarias dentro de la agenda industrial india. Actualmente, India y Chile mantienen vigente un Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) desde 2006. Sin embargo, el objetivo de las negociaciones en curso es avanzar hacia un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), lo que permitiría ampliar el intercambio comercial a nuevos ámbitos como servicios digitales, protección de inversiones y facilidades para pequeñas y medianas empresas. Las cifras oficiales reflejan el creciente interés de la India por los recursos chilenos. Mientras las exportaciones indias a Chile registraron una caída de 2,46% en el último ejercicio fiscal, situándose en US$1.150 millones, las importaciones desde el país sudamericano aumentaron en un 72%, alcanzando los US$2.600 millones, impulsadas principalmente por la demanda de minerales estratégicos. Goyal también resaltó que su país ha avanzado de manera sostenida en acuerdos comerciales con grandes economías y bloques internacionales durante los últimos cuatro años, consolidando pactos con regiones como Europa, además de Australia y Emiratos Árabes Unidos. En ese contexto, calificó a la economía india como “un oasis en el desierto”, señalando que hoy se encuentra en una posición de fortaleza para integrar sus cadenas de valor con socios ricos en recursos naturales, como Chile. De concretarse el TLC, el acuerdo podría marcar un nuevo hito en la relación bilateral, fortaleciendo el rol de Chile como proveedor estratégico de minerales críticos y consolidando a la India como uno de los principales actores globales en la transición energética y tecnológica.
Un nuevo revés sufrió la estrategia de industrialización del litio en Chile, luego de que la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) dejara sin efecto la calidad de Productor Especializado otorgada a la empresa china BYD, líder mundial en electromovilidad. La decisión se adoptó tras constatar que la compañía no cumplió con el inicio de operaciones de su proyecto en la fecha límite establecida en las bases, fijada para el 31 de diciembre de 2025. La medida confirma el fracaso definitivo del proyecto de planta de cátodos y baterías de litio que BYD pretendía instalar en la Región de Antofagasta, iniciativa anunciada durante el primer semestre de 2023 en el marco de la Estrategia Nacional del Litio impulsada por el Gobierno. Ese mismo año, el grupo chino Tsingshan —otro actor relevante del sector— también desistió de su proyecto industrial, dejando sin efecto las dos únicas iniciativas de este tipo en el país. Ambos proyectos contemplaban una inversión conjunta de US$523 millones y la generación de más de mil empleos, además de acceder a un suministro preferente de carbonato de litio de hasta 11.244 toneladas anuales, proveniente de SQM, bajo contratos vigentes hasta 2030. El objetivo era avanzar en la agregación de valor local al litio chileno, uno de los ejes centrales anunciados por el Ejecutivo en abril de 2023. Sin embargo, las plantas nunca se construyeron. En mayo de 2024, BYD informó la postergación de su proyecto en Antofagasta, argumentando dificultades asociadas a la tramitación de permisos, retrasos en la definición de terrenos fiscales y falta de certezas institucionales. A esto se sumó la preocupación por el horizonte limitado del suministro de litio, acotado contractualmente hasta 2030, lo que afectaba la viabilidad de largo plazo del negocio. Durante 2025, la compañía solicitó extender el plazo de su condición de Productor Especializado o modificar el mecanismo de cálculo del precio preferente, peticiones que fueron rechazadas por Corfo al no estar contempladas en las bases del proceso. En paralelo, Tsingshan fue el primer proyecto en caer, luego de no constituir en Chile la sociedad requerida para desarrollar su iniciativa. Según antecedentes conocidos en mayo de 2025, la empresa habría decidido retirarse ya en 2024, influida por el cambio en las condiciones del mercado internacional del litio, marcado por la caída de precios tras el “peak” registrado en 2022. Este escenario vuelve a abrir el debate sobre los desafíos regulatorios, institucionales y de mercado que enfrenta Chile para avanzar desde la extracción hacia una industria de mayor valor agregado en torno al litio.
La empresa minera Barrick informó que ha recibido de manera positiva y con un alto sentido de responsabilidad la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto Prospección El Alto en la región de Atacama. La votación realizada por la Coeva de Atacama resultó en nueve votos a favor, una abstención y ningún voto en contra, según lo reportado por la compañía. Esta aprobación permite a Barrick seguir evaluando una posible inversión futura en el proyecto, con potenciales beneficios para la comuna de Alto del Carmen, la Región de Atacama y las comunidades locales. Prospección El Alto es un proyecto destinado a recopilar información técnica geológica y metalúrgica a través de 43 plataformas para llevar a cabo 62 sondajes. Según la información proporcionada por Barrick, la prospección se llevará a cabo durante dos temporadas estivales, con una inversión estimada de US$35 millones y la creación de aproximadamente 75 empleos por temporada, priorizando la contratación de mano de obra local. Se espera que el proyecto comience después del invierno de 2026 en la cordillera y se desarrolle en dos ciclos de trabajo estival. La empresa también destacó su compromiso con el desarrollo local, buscando maximizar las oportunidades para la comuna y fortalecer sus programas territoriales, incluyendo los Comités de Desarrollo Comunitario (CDC) y la red Emprende Alto. Barrick expresó su gratitud por el diálogo sostenido con vecinos y líderes sociales durante el proceso de evaluación, resaltando que esta aprobación es resultado de años de trabajo enfocado en construir relaciones cercanas y colaborativas. Además, se enfatizó que tanto los servicios como las autoridades han determinado que la DIA cumple con todos los requisitos técnicos y ambientales exigidos por la normativa vigente, lo que permitirá llevar a cabo una prospección respetuosa del entorno y la calidad de vida local. Tras esta aprobación, Barrick aguardará la emisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para avanzar con la planificación definitiva del proyecto. Fuente: Reporteminero.cl
La propuesta legislativa que busca imponer plazos y sanciones a concesiones mineras calificadas como “improductivas” —incluyendo la posibilidad de transferir su administración al Estado — encendió alertas en el sector por su potencial impacto en la seguridad jurídica y el clima de inversión para nuevos proyectos mineros. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) recogió las opiniones de Guillermo Shinno, exviceministro de Minas, y de Luis Humberto Chirif, expresidente del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), quienes coinciden en que el concepto de “concesión improductiva” no refleja el ciclo real de la minería, y podría derivar en decisiones regulatorias que aumenten la incertidumbre legal. En el Congreso vienen tomando fuerza distintas iniciativas orientadas a “destrabar” o “castigar” concesiones consideradas ociosas o sin actividad en determinados plazos. Entre ellas, figura el Proyecto de Ley 13497, presentado por el congresista Flavio Cruz (Perú Libre), que plantea que concesiones “ociosas” pasen a ser administradas por el Estado, bajo el argumento de promover la formalización y enfrentar la minería ilegal. Asimismo, en la agenda legislativa aparece el Proyecto de Ley 13481/2025-CR, que propone un régimen de caducidad, limitación y productividad obligatoria para concesiones mineras ociosas, con el objetivo de evitar la “ocupación improductiva” del territorio nacional. Para Guillermo Shinno, calificar una concesión como “improductiva” por no estar en producción desconoce el proceso técnico y los tiempos requeridos para desarrollar un yacimiento. “Un proyecto minero no se puede implementar de la noche a la mañana; se necesita campañas de exploración, estudios de factibilidad y eso toma muchos años, hasta más de diez años”, indicó en conversación con el IIMP. El exfuncionario añadió que uno de los factores que más ralentiza el paso de la exploración a la etapa de desarrollo es el propio Estado, debido a la complejidad y demora en autorizaciones y permisos. Shinno sostuvo que una norma basada en caducidades o sanciones amplias podría debilitar el marco de confianza que sustenta la inversión, con efectos sobre la recaudación futura. “No solamente afecta la seguridad jurídica, sino también la economía futura del país”, advirtió, al señalar que el país depende de esa cartera de concesiones para convertir exploración en proyectos que aporten al fisco. En la misma línea, Luis Humberto Chirif remarcó que la minería opera por etapas y que periodos dedicados a permisos, financiamiento o rediseño del proyecto no equivalen a ausencia de gestión. “La minería tiene etapas… y eso no significa que no se esté desarrollando gestión minera”, planteó. Chirif también alertó que una etiqueta única (“improductiva”) puede meter en el mismo saco situaciones muy distintas, llevando a decisiones regulatorias equivocadas. Respecto de propuestas que plantean recortar concesiones grandes o reasignarlas, fue enfático en el impacto reputacional: “Solo el anuncio… afecta directamente la seguridad jurídica que respalda la inversión minera en el Perú”, señaló. Quienes impulsan estas iniciativas sostienen que apuntan a promover la formalización y a frenar la minería ilegal, elevando el costo de mantener concesiones sin actividad y ampliando el acceso a oportunidades para pequeños operadores. Sin embargo, especialistas y analistas advierten que medidas punitivas o cambios abruptos en las reglas podrían, paradójicamente, desincentivar la exploración (donde se originan los grandes proyectos) y elevar el riesgo país percibido por inversionistas. Fuente: Reporteminero.cl
Codelco comunicó la creación de un joint venture con Quiborax, con el objetivo de avanzar en la obtención de un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) que permita explotar el litio en el Salar de Ascotán. Según se detalló, la propuesta tiene una estructura accionaria inicial de 34% para Codelco y 66% para Quiborax, que en el futuro debe cambiar, dado que el pacto de accionistas establece la incorporación de un nuevo accionista que asuma una participación mayoritaria para el desarrollo del proyecto. El salar de Ascotán, ubicado en la región de Antofagasta, es el tercer salar de mayor superficie en Chile con contenido de salmueras subterráneas. A la fecha no ha sido explorado en busca de litio, sin embargo, “tiene un atractivo potencial exploratorio”, resaltó la estatal cuprífera. En dicho pacto también se acordó que la propiedad minera y demás activos de la estatal en el salar podrán ser aportados a la sociedad, después de celebrado el CEOL con el Ministerio de Minería. Codelco y Quiborax se presentaron como consorcio a la postulación de este CEOL en enero de 2025 y se espera que en las próximas semanas dicho Ministerio ingrese a la Contraloría General de la República el Decreto Supremo con los términos y condiciones generales del CEOL que suscribirá con Minera Ascotán SpA. Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, explicó que “la creación de Minera Ascotán reafirma el liderazgo de la Corporación en la Estrategia Nacional del Litio, siempre con el objetivo de generar valor para el país y contribuir a la transición energética global”.
El Gobierno de la India anunció este viernes que espera concluir en el corto plazo las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile, acuerdo considerado estratégico para asegurar el suministro de minerales críticos que resultan esenciales para el desarrollo tecnológico y la industria automotriz del país asiático. Durante un evento realizado en Nueva Delhi, el ministro de Comercio e Industria, Piyush Goyal, afirmó que “cerraremos pronto el TLC con Chile. Nos abrirá el acceso a minerales críticos”, destacando el interés de su país por las amplias reservas chilenas de litio, cobre, renio, molibdeno y cobalto. Estas materias primas son fundamentales para sectores clave como la electrónica, los vehículos eléctricos y la energía solar, áreas prioritarias dentro de la agenda industrial india. Actualmente, India y Chile mantienen vigente un Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) desde 2006. Sin embargo, el objetivo de las negociaciones en curso es avanzar hacia un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), lo que permitiría ampliar el intercambio comercial a nuevos ámbitos como servicios digitales, protección de inversiones y facilidades para pequeñas y medianas empresas. Las cifras oficiales reflejan el creciente interés de la India por los recursos chilenos. Mientras las exportaciones indias a Chile registraron una caída de 2,46% en el último ejercicio fiscal, situándose en US$1.150 millones, las importaciones desde el país sudamericano aumentaron en un 72%, alcanzando los US$2.600 millones, impulsadas principalmente por la demanda de minerales estratégicos. Goyal también resaltó que su país ha avanzado de manera sostenida en acuerdos comerciales con grandes economías y bloques internacionales durante los últimos cuatro años, consolidando pactos con regiones como Europa, además de Australia y Emiratos Árabes Unidos. En ese contexto, calificó a la economía india como “un oasis en el desierto”, señalando que hoy se encuentra en una posición de fortaleza para integrar sus cadenas de valor con socios ricos en recursos naturales, como Chile. De concretarse el TLC, el acuerdo podría marcar un nuevo hito en la relación bilateral, fortaleciendo el rol de Chile como proveedor estratégico de minerales críticos y consolidando a la India como uno de los principales actores globales en la transición energética y tecnológica.
Un nuevo revés sufrió la estrategia de industrialización del litio en Chile, luego de que la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) dejara sin efecto la calidad de Productor Especializado otorgada a la empresa china BYD, líder mundial en electromovilidad. La decisión se adoptó tras constatar que la compañía no cumplió con el inicio de operaciones de su proyecto en la fecha límite establecida en las bases, fijada para el 31 de diciembre de 2025. La medida confirma el fracaso definitivo del proyecto de planta de cátodos y baterías de litio que BYD pretendía instalar en la Región de Antofagasta, iniciativa anunciada durante el primer semestre de 2023 en el marco de la Estrategia Nacional del Litio impulsada por el Gobierno. Ese mismo año, el grupo chino Tsingshan —otro actor relevante del sector— también desistió de su proyecto industrial, dejando sin efecto las dos únicas iniciativas de este tipo en el país. Ambos proyectos contemplaban una inversión conjunta de US$523 millones y la generación de más de mil empleos, además de acceder a un suministro preferente de carbonato de litio de hasta 11.244 toneladas anuales, proveniente de SQM, bajo contratos vigentes hasta 2030. El objetivo era avanzar en la agregación de valor local al litio chileno, uno de los ejes centrales anunciados por el Ejecutivo en abril de 2023. Sin embargo, las plantas nunca se construyeron. En mayo de 2024, BYD informó la postergación de su proyecto en Antofagasta, argumentando dificultades asociadas a la tramitación de permisos, retrasos en la definición de terrenos fiscales y falta de certezas institucionales. A esto se sumó la preocupación por el horizonte limitado del suministro de litio, acotado contractualmente hasta 2030, lo que afectaba la viabilidad de largo plazo del negocio. Durante 2025, la compañía solicitó extender el plazo de su condición de Productor Especializado o modificar el mecanismo de cálculo del precio preferente, peticiones que fueron rechazadas por Corfo al no estar contempladas en las bases del proceso. En paralelo, Tsingshan fue el primer proyecto en caer, luego de no constituir en Chile la sociedad requerida para desarrollar su iniciativa. Según antecedentes conocidos en mayo de 2025, la empresa habría decidido retirarse ya en 2024, influida por el cambio en las condiciones del mercado internacional del litio, marcado por la caída de precios tras el “peak” registrado en 2022. Este escenario vuelve a abrir el debate sobre los desafíos regulatorios, institucionales y de mercado que enfrenta Chile para avanzar desde la extracción hacia una industria de mayor valor agregado en torno al litio.
La empresa minera Barrick informó que ha recibido de manera positiva y con un alto sentido de responsabilidad la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto Prospección El Alto en la región de Atacama. La votación realizada por la Coeva de Atacama resultó en nueve votos a favor, una abstención y ningún voto en contra, según lo reportado por la compañía. Esta aprobación permite a Barrick seguir evaluando una posible inversión futura en el proyecto, con potenciales beneficios para la comuna de Alto del Carmen, la Región de Atacama y las comunidades locales. Prospección El Alto es un proyecto destinado a recopilar información técnica geológica y metalúrgica a través de 43 plataformas para llevar a cabo 62 sondajes. Según la información proporcionada por Barrick, la prospección se llevará a cabo durante dos temporadas estivales, con una inversión estimada de US$35 millones y la creación de aproximadamente 75 empleos por temporada, priorizando la contratación de mano de obra local. Se espera que el proyecto comience después del invierno de 2026 en la cordillera y se desarrolle en dos ciclos de trabajo estival. La empresa también destacó su compromiso con el desarrollo local, buscando maximizar las oportunidades para la comuna y fortalecer sus programas territoriales, incluyendo los Comités de Desarrollo Comunitario (CDC) y la red Emprende Alto. Barrick expresó su gratitud por el diálogo sostenido con vecinos y líderes sociales durante el proceso de evaluación, resaltando que esta aprobación es resultado de años de trabajo enfocado en construir relaciones cercanas y colaborativas. Además, se enfatizó que tanto los servicios como las autoridades han determinado que la DIA cumple con todos los requisitos técnicos y ambientales exigidos por la normativa vigente, lo que permitirá llevar a cabo una prospección respetuosa del entorno y la calidad de vida local. Tras esta aprobación, Barrick aguardará la emisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para avanzar con la planificación definitiva del proyecto. Fuente: Reporteminero.cl
La propuesta legislativa que busca imponer plazos y sanciones a concesiones mineras calificadas como “improductivas” —incluyendo la posibilidad de transferir su administración al Estado — encendió alertas en el sector por su potencial impacto en la seguridad jurídica y el clima de inversión para nuevos proyectos mineros. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) recogió las opiniones de Guillermo Shinno, exviceministro de Minas, y de Luis Humberto Chirif, expresidente del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), quienes coinciden en que el concepto de “concesión improductiva” no refleja el ciclo real de la minería, y podría derivar en decisiones regulatorias que aumenten la incertidumbre legal. En el Congreso vienen tomando fuerza distintas iniciativas orientadas a “destrabar” o “castigar” concesiones consideradas ociosas o sin actividad en determinados plazos. Entre ellas, figura el Proyecto de Ley 13497, presentado por el congresista Flavio Cruz (Perú Libre), que plantea que concesiones “ociosas” pasen a ser administradas por el Estado, bajo el argumento de promover la formalización y enfrentar la minería ilegal. Asimismo, en la agenda legislativa aparece el Proyecto de Ley 13481/2025-CR, que propone un régimen de caducidad, limitación y productividad obligatoria para concesiones mineras ociosas, con el objetivo de evitar la “ocupación improductiva” del territorio nacional. Para Guillermo Shinno, calificar una concesión como “improductiva” por no estar en producción desconoce el proceso técnico y los tiempos requeridos para desarrollar un yacimiento. “Un proyecto minero no se puede implementar de la noche a la mañana; se necesita campañas de exploración, estudios de factibilidad y eso toma muchos años, hasta más de diez años”, indicó en conversación con el IIMP. El exfuncionario añadió que uno de los factores que más ralentiza el paso de la exploración a la etapa de desarrollo es el propio Estado, debido a la complejidad y demora en autorizaciones y permisos. Shinno sostuvo que una norma basada en caducidades o sanciones amplias podría debilitar el marco de confianza que sustenta la inversión, con efectos sobre la recaudación futura. “No solamente afecta la seguridad jurídica, sino también la economía futura del país”, advirtió, al señalar que el país depende de esa cartera de concesiones para convertir exploración en proyectos que aporten al fisco. En la misma línea, Luis Humberto Chirif remarcó que la minería opera por etapas y que periodos dedicados a permisos, financiamiento o rediseño del proyecto no equivalen a ausencia de gestión. “La minería tiene etapas… y eso no significa que no se esté desarrollando gestión minera”, planteó. Chirif también alertó que una etiqueta única (“improductiva”) puede meter en el mismo saco situaciones muy distintas, llevando a decisiones regulatorias equivocadas. Respecto de propuestas que plantean recortar concesiones grandes o reasignarlas, fue enfático en el impacto reputacional: “Solo el anuncio… afecta directamente la seguridad jurídica que respalda la inversión minera en el Perú”, señaló. Quienes impulsan estas iniciativas sostienen que apuntan a promover la formalización y a frenar la minería ilegal, elevando el costo de mantener concesiones sin actividad y ampliando el acceso a oportunidades para pequeños operadores. Sin embargo, especialistas y analistas advierten que medidas punitivas o cambios abruptos en las reglas podrían, paradójicamente, desincentivar la exploración (donde se originan los grandes proyectos) y elevar el riesgo país percibido por inversionistas. Fuente: Reporteminero.cl
