Perú: Debate por seguridad jurídica ante proyecto de ley sobre concesiones mineras
Especialistas alertan que imponer plazos y sanciones a concesiones 'improductivas' podría generar incertidumbre legal y afectar la inversión minera en Perú.
La propuesta legislativa que busca imponer plazos y sanciones a concesiones mineras calificadas como “improductivas” —incluyendo la posibilidad de transferir su administración al Estado— encendió alertas en el sector por su potencial impacto en la seguridad jurídica y el clima de inversión para nuevos proyectos mineros.
El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) recogió las opiniones de Guillermo Shinno, exviceministro de Minas, y de Luis Humberto Chirif, expresidente del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), quienes coinciden en que el concepto de “concesión improductiva” no refleja el ciclo real de la minería, y podría derivar en decisiones regulatorias que aumenten la incertidumbre legal.
En el Congreso vienen tomando fuerza distintas iniciativas orientadas a “destrabar” o “castigar” concesiones consideradas ociosas o sin actividad en determinados plazos. Entre ellas, figura el Proyecto de Ley 13497, presentado por el congresista Flavio Cruz (Perú Libre), que plantea que concesiones “ociosas” pasen a ser administradas por el Estado, bajo el argumento de promover la formalización y enfrentar la minería ilegal.
Asimismo, en la agenda legislativa aparece el Proyecto de Ley 13481/2025-CR, que propone un régimen de caducidad, limitación y productividad obligatoria para concesiones mineras ociosas, con el objetivo de evitar la “ocupación improductiva” del territorio nacional.
Para Guillermo Shinno, calificar una concesión como “improductiva” por no estar en producción desconoce el proceso técnico y los tiempos requeridos para desarrollar un yacimiento.
“Un proyecto minero no se puede implementar de la noche a la mañana; se necesita campañas de exploración, estudios de factibilidad y eso toma muchos años, hasta más de diez años”, indicó en conversación con el IIMP.
El exfuncionario añadió que uno de los factores que más ralentiza el paso de la exploración a la etapa de desarrollo es el propio Estado, debido a la complejidad y demora en autorizaciones y permisos.
Shinno sostuvo que una norma basada en caducidades o sanciones amplias podría debilitar el marco de confianza que sustenta la inversión, con efectos sobre la recaudación futura.
“No solamente afecta la seguridad jurídica, sino también la economía futura del país”, advirtió, al señalar que el país depende de esa cartera de concesiones para convertir exploración en proyectos que aporten al fisco.
En la misma línea, Luis Humberto Chirif remarcó que la minería opera por etapas y que periodos dedicados a permisos, financiamiento o rediseño del proyecto no equivalen a ausencia de gestión.
“La minería tiene etapas… y eso no significa que no se esté desarrollando gestión minera”, planteó.
Chirif también alertó que una etiqueta única (“improductiva”) puede meter en el mismo saco situaciones muy distintas, llevando a decisiones regulatorias equivocadas.
Respecto de propuestas que plantean recortar concesiones grandes o reasignarlas, fue enfático en el impacto reputacional: “Solo el anuncio… afecta directamente la seguridad jurídica que respalda la inversión minera en el Perú”, señaló.
Quienes impulsan estas iniciativas sostienen que apuntan a promover la formalización y a frenar la minería ilegal, elevando el costo de mantener concesiones sin actividad y ampliando el acceso a oportunidades para pequeños operadores.
Sin embargo, especialistas y analistas advierten que medidas punitivas o cambios abruptos en las reglas podrían, paradójicamente, desincentivar la exploración (donde se originan los grandes proyectos) y elevar el riesgo país percibido por inversionistas.
Fuente: Reporteminero.cl
