La escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán está generando nuevas presiones en los mercados energéticos internacionales, impulsando el precio del petróleo y abriendo interrogantes sobre su impacto en el sistema eléctrico chileno. Analistas advierten que un alza sostenida del crudo podría trasladarse a los costos de operación del sistema eléctrico, particularmente cuando centrales térmicas fijan el precio de la energía. El precio del crudo Brent, referencia para gran parte del comercio global de petróleo, se ha acercado nuevamente a niveles cercanos a los US$100 por barril, en medio de la incertidumbre geopolítica y los riesgos de interrupciones en rutas clave de suministro energético. Este escenario genera preocupación en países con alta dependencia de combustibles importados, donde las fluctuaciones del petróleo pueden impactar no solo el transporte, sino también los costos de generación eléctrica. En el caso de Chile, el aumento del precio del petróleo podría reflejarse en los costos marginales del sistema eléctrico, especialmente en períodos en que centrales térmicas determinan el precio del mercado. Nuestro país importa prácticamente todo el petróleo que consume, con excepción de una producción limitada en Magallanes. Esta dependencia estructural hace que las variaciones del mercado global puedan trasladarse con mayor rapidez a los costos energéticos locales. Por último, el crecimiento de las energías renovables ha reducido la participación de generación térmica en la matriz eléctrica chilena. Según datos del Ministerio de Energía, más del 60% de la generación eléctrica del país proviene actualmente de fuentes renovables, principalmente solar, eólica e hidroeléctrica.
El Gobierno de la India anunció este viernes que espera concluir en el corto plazo las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile, acuerdo considerado estratégico para asegurar el suministro de minerales críticos que resultan esenciales para el desarrollo tecnológico y la industria automotriz del país asiático. Durante un evento realizado en Nueva Delhi, el ministro de Comercio e Industria, Piyush Goyal, afirmó que “cerraremos pronto el TLC con Chile. Nos abrirá el acceso a minerales críticos”, destacando el interés de su país por las amplias reservas chilenas de litio, cobre, renio, molibdeno y cobalto. Estas materias primas son fundamentales para sectores clave como la electrónica, los vehículos eléctricos y la energía solar, áreas prioritarias dentro de la agenda industrial india. Actualmente, India y Chile mantienen vigente un Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) desde 2006. Sin embargo, el objetivo de las negociaciones en curso es avanzar hacia un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), lo que permitiría ampliar el intercambio comercial a nuevos ámbitos como servicios digitales, protección de inversiones y facilidades para pequeñas y medianas empresas. Las cifras oficiales reflejan el creciente interés de la India por los recursos chilenos. Mientras las exportaciones indias a Chile registraron una caída de 2,46% en el último ejercicio fiscal, situándose en US$1.150 millones, las importaciones desde el país sudamericano aumentaron en un 72%, alcanzando los US$2.600 millones, impulsadas principalmente por la demanda de minerales estratégicos. Goyal también resaltó que su país ha avanzado de manera sostenida en acuerdos comerciales con grandes economías y bloques internacionales durante los últimos cuatro años, consolidando pactos con regiones como Europa, además de Australia y Emiratos Árabes Unidos. En ese contexto, calificó a la economía india como “un oasis en el desierto”, señalando que hoy se encuentra en una posición de fortaleza para integrar sus cadenas de valor con socios ricos en recursos naturales, como Chile. De concretarse el TLC, el acuerdo podría marcar un nuevo hito en la relación bilateral, fortaleciendo el rol de Chile como proveedor estratégico de minerales críticos y consolidando a la India como uno de los principales actores globales en la transición energética y tecnológica.
La empresa minera Barrick informó que ha recibido de manera positiva y con un alto sentido de responsabilidad la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto Prospección El Alto en la región de Atacama. La votación realizada por la Coeva de Atacama resultó en nueve votos a favor, una abstención y ningún voto en contra, según lo reportado por la compañía. Esta aprobación permite a Barrick seguir evaluando una posible inversión futura en el proyecto, con potenciales beneficios para la comuna de Alto del Carmen, la Región de Atacama y las comunidades locales. Prospección El Alto es un proyecto destinado a recopilar información técnica geológica y metalúrgica a través de 43 plataformas para llevar a cabo 62 sondajes. Según la información proporcionada por Barrick, la prospección se llevará a cabo durante dos temporadas estivales, con una inversión estimada de US$35 millones y la creación de aproximadamente 75 empleos por temporada, priorizando la contratación de mano de obra local. Se espera que el proyecto comience después del invierno de 2026 en la cordillera y se desarrolle en dos ciclos de trabajo estival. La empresa también destacó su compromiso con el desarrollo local, buscando maximizar las oportunidades para la comuna y fortalecer sus programas territoriales, incluyendo los Comités de Desarrollo Comunitario (CDC) y la red Emprende Alto. Barrick expresó su gratitud por el diálogo sostenido con vecinos y líderes sociales durante el proceso de evaluación, resaltando que esta aprobación es resultado de años de trabajo enfocado en construir relaciones cercanas y colaborativas. Además, se enfatizó que tanto los servicios como las autoridades han determinado que la DIA cumple con todos los requisitos técnicos y ambientales exigidos por la normativa vigente, lo que permitirá llevar a cabo una prospección respetuosa del entorno y la calidad de vida local. Tras esta aprobación, Barrick aguardará la emisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para avanzar con la planificación definitiva del proyecto. Fuente: Reporteminero.cl
La propuesta legislativa que busca imponer plazos y sanciones a concesiones mineras calificadas como “improductivas” —incluyendo la posibilidad de transferir su administración al Estado — encendió alertas en el sector por su potencial impacto en la seguridad jurídica y el clima de inversión para nuevos proyectos mineros. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) recogió las opiniones de Guillermo Shinno, exviceministro de Minas, y de Luis Humberto Chirif, expresidente del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), quienes coinciden en que el concepto de “concesión improductiva” no refleja el ciclo real de la minería, y podría derivar en decisiones regulatorias que aumenten la incertidumbre legal. En el Congreso vienen tomando fuerza distintas iniciativas orientadas a “destrabar” o “castigar” concesiones consideradas ociosas o sin actividad en determinados plazos. Entre ellas, figura el Proyecto de Ley 13497, presentado por el congresista Flavio Cruz (Perú Libre), que plantea que concesiones “ociosas” pasen a ser administradas por el Estado, bajo el argumento de promover la formalización y enfrentar la minería ilegal. Asimismo, en la agenda legislativa aparece el Proyecto de Ley 13481/2025-CR, que propone un régimen de caducidad, limitación y productividad obligatoria para concesiones mineras ociosas, con el objetivo de evitar la “ocupación improductiva” del territorio nacional. Para Guillermo Shinno, calificar una concesión como “improductiva” por no estar en producción desconoce el proceso técnico y los tiempos requeridos para desarrollar un yacimiento. “Un proyecto minero no se puede implementar de la noche a la mañana; se necesita campañas de exploración, estudios de factibilidad y eso toma muchos años, hasta más de diez años”, indicó en conversación con el IIMP. El exfuncionario añadió que uno de los factores que más ralentiza el paso de la exploración a la etapa de desarrollo es el propio Estado, debido a la complejidad y demora en autorizaciones y permisos. Shinno sostuvo que una norma basada en caducidades o sanciones amplias podría debilitar el marco de confianza que sustenta la inversión, con efectos sobre la recaudación futura. “No solamente afecta la seguridad jurídica, sino también la economía futura del país”, advirtió, al señalar que el país depende de esa cartera de concesiones para convertir exploración en proyectos que aporten al fisco. En la misma línea, Luis Humberto Chirif remarcó que la minería opera por etapas y que periodos dedicados a permisos, financiamiento o rediseño del proyecto no equivalen a ausencia de gestión. “La minería tiene etapas… y eso no significa que no se esté desarrollando gestión minera”, planteó. Chirif también alertó que una etiqueta única (“improductiva”) puede meter en el mismo saco situaciones muy distintas, llevando a decisiones regulatorias equivocadas. Respecto de propuestas que plantean recortar concesiones grandes o reasignarlas, fue enfático en el impacto reputacional: “Solo el anuncio… afecta directamente la seguridad jurídica que respalda la inversión minera en el Perú”, señaló. Quienes impulsan estas iniciativas sostienen que apuntan a promover la formalización y a frenar la minería ilegal, elevando el costo de mantener concesiones sin actividad y ampliando el acceso a oportunidades para pequeños operadores. Sin embargo, especialistas y analistas advierten que medidas punitivas o cambios abruptos en las reglas podrían, paradójicamente, desincentivar la exploración (donde se originan los grandes proyectos) y elevar el riesgo país percibido por inversionistas. Fuente: Reporteminero.cl
La Empresa Nacional de Minería (ENAMI) se ha asociado con cuatro consorcios ganadores de los Desafíos I+D de CORFO para el Desarrollo Productivo Sostenible. Esta colaboración fortalecerá una cartera centrada en economía circular y minería secundaria, enfocada en la valorización de relaves y otros residuos mineros. ENAMI contribuirá con materiales de sus depósitos de relaves y la experiencia de especialistas en operación e infraestructura para llevar a cabo análisis, validación de procesos y pilotajes con actores del sector productivo. Según la empresa, es crucial acelerar soluciones tecnológicas para la minería actual, siempre demostrando viabilidad ambiental, técnica y económica para que la innovación pueda implementarse en operaciones reales. Esta iniciativa se alinea con la estrategia de CORFO de fomentar la investigación aplicada a desafíos productivos y facilitar el crecimiento a través de alianzas entre la industria, centros tecnológicos y la academia. ENAMI participará en proyectos relacionados con cobalto, tierras raras (dos proyectos) y una plataforma tecnológica para la Extracción Directa de Litio (EDL). Uno de los proyectos implica una validación semiindustrial de un proceso biotecnológico para la separación limpia de cobalto, con un financiamiento máximo de hasta US$ 3 millones a cargo de la Universidad Andrés Bello (UNAB). Otro proyecto liderado por el Centro Nacional de Pilotaje (CNP) busca desarrollar tecnología para lixiviar y recuperar elementos de tierras raras desde relaves y minerales del norte de Chile, con un financiamiento máximo informado de hasta US$ 3,9 millones. NEORE SpA estará a cargo del desarrollo y pilotaje de un proceso innovador para la extracción, separación y procesamiento de tierras raras, con fondos informados que alcanzan hasta US$ 4 millones. Además, ENAMI participará junto al CNP en el diseño de una plataforma para pruebas de tecnologías de extracción directa de litio desde salmueras. Este proyecto cuenta con un financiamiento máximo de hasta US$ 1,9 millones y una duración estimada en dos años. El objetivo es identificar condiciones, ubicaciones e infraestructura para probar EDL y adaptar las mejores prácticas al contexto chileno. Estos cuatro proyectos se encuentran actualmente en proceso de formalización y firma de acuerdos con CORFO, con planes para comenzar su implementación durante el año 2026. Esta cartera refuerza la tendencia promovida por CORFO: transformar pasivos ambientales mineros en oportunidades productivas, generando nuevas líneas comerciales relacionadas con minerales críticos y cadenas tecnológicas vinculadas a la transición energética. Fuente: Reporteminero.cl
La escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán está generando nuevas presiones en los mercados energéticos internacionales, impulsando el precio del petróleo y abriendo interrogantes sobre su impacto en el sistema eléctrico chileno. Analistas advierten que un alza sostenida del crudo podría trasladarse a los costos de operación del sistema eléctrico, particularmente cuando centrales térmicas fijan el precio de la energía. El precio del crudo Brent, referencia para gran parte del comercio global de petróleo, se ha acercado nuevamente a niveles cercanos a los US$100 por barril, en medio de la incertidumbre geopolítica y los riesgos de interrupciones en rutas clave de suministro energético. Este escenario genera preocupación en países con alta dependencia de combustibles importados, donde las fluctuaciones del petróleo pueden impactar no solo el transporte, sino también los costos de generación eléctrica. En el caso de Chile, el aumento del precio del petróleo podría reflejarse en los costos marginales del sistema eléctrico, especialmente en períodos en que centrales térmicas determinan el precio del mercado. Nuestro país importa prácticamente todo el petróleo que consume, con excepción de una producción limitada en Magallanes. Esta dependencia estructural hace que las variaciones del mercado global puedan trasladarse con mayor rapidez a los costos energéticos locales. Por último, el crecimiento de las energías renovables ha reducido la participación de generación térmica en la matriz eléctrica chilena. Según datos del Ministerio de Energía, más del 60% de la generación eléctrica del país proviene actualmente de fuentes renovables, principalmente solar, eólica e hidroeléctrica.
El Gobierno de la India anunció este viernes que espera concluir en el corto plazo las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile, acuerdo considerado estratégico para asegurar el suministro de minerales críticos que resultan esenciales para el desarrollo tecnológico y la industria automotriz del país asiático. Durante un evento realizado en Nueva Delhi, el ministro de Comercio e Industria, Piyush Goyal, afirmó que “cerraremos pronto el TLC con Chile. Nos abrirá el acceso a minerales críticos”, destacando el interés de su país por las amplias reservas chilenas de litio, cobre, renio, molibdeno y cobalto. Estas materias primas son fundamentales para sectores clave como la electrónica, los vehículos eléctricos y la energía solar, áreas prioritarias dentro de la agenda industrial india. Actualmente, India y Chile mantienen vigente un Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) desde 2006. Sin embargo, el objetivo de las negociaciones en curso es avanzar hacia un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), lo que permitiría ampliar el intercambio comercial a nuevos ámbitos como servicios digitales, protección de inversiones y facilidades para pequeñas y medianas empresas. Las cifras oficiales reflejan el creciente interés de la India por los recursos chilenos. Mientras las exportaciones indias a Chile registraron una caída de 2,46% en el último ejercicio fiscal, situándose en US$1.150 millones, las importaciones desde el país sudamericano aumentaron en un 72%, alcanzando los US$2.600 millones, impulsadas principalmente por la demanda de minerales estratégicos. Goyal también resaltó que su país ha avanzado de manera sostenida en acuerdos comerciales con grandes economías y bloques internacionales durante los últimos cuatro años, consolidando pactos con regiones como Europa, además de Australia y Emiratos Árabes Unidos. En ese contexto, calificó a la economía india como “un oasis en el desierto”, señalando que hoy se encuentra en una posición de fortaleza para integrar sus cadenas de valor con socios ricos en recursos naturales, como Chile. De concretarse el TLC, el acuerdo podría marcar un nuevo hito en la relación bilateral, fortaleciendo el rol de Chile como proveedor estratégico de minerales críticos y consolidando a la India como uno de los principales actores globales en la transición energética y tecnológica.
La empresa minera Barrick informó que ha recibido de manera positiva y con un alto sentido de responsabilidad la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto Prospección El Alto en la región de Atacama. La votación realizada por la Coeva de Atacama resultó en nueve votos a favor, una abstención y ningún voto en contra, según lo reportado por la compañía. Esta aprobación permite a Barrick seguir evaluando una posible inversión futura en el proyecto, con potenciales beneficios para la comuna de Alto del Carmen, la Región de Atacama y las comunidades locales. Prospección El Alto es un proyecto destinado a recopilar información técnica geológica y metalúrgica a través de 43 plataformas para llevar a cabo 62 sondajes. Según la información proporcionada por Barrick, la prospección se llevará a cabo durante dos temporadas estivales, con una inversión estimada de US$35 millones y la creación de aproximadamente 75 empleos por temporada, priorizando la contratación de mano de obra local. Se espera que el proyecto comience después del invierno de 2026 en la cordillera y se desarrolle en dos ciclos de trabajo estival. La empresa también destacó su compromiso con el desarrollo local, buscando maximizar las oportunidades para la comuna y fortalecer sus programas territoriales, incluyendo los Comités de Desarrollo Comunitario (CDC) y la red Emprende Alto. Barrick expresó su gratitud por el diálogo sostenido con vecinos y líderes sociales durante el proceso de evaluación, resaltando que esta aprobación es resultado de años de trabajo enfocado en construir relaciones cercanas y colaborativas. Además, se enfatizó que tanto los servicios como las autoridades han determinado que la DIA cumple con todos los requisitos técnicos y ambientales exigidos por la normativa vigente, lo que permitirá llevar a cabo una prospección respetuosa del entorno y la calidad de vida local. Tras esta aprobación, Barrick aguardará la emisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para avanzar con la planificación definitiva del proyecto. Fuente: Reporteminero.cl
La propuesta legislativa que busca imponer plazos y sanciones a concesiones mineras calificadas como “improductivas” —incluyendo la posibilidad de transferir su administración al Estado — encendió alertas en el sector por su potencial impacto en la seguridad jurídica y el clima de inversión para nuevos proyectos mineros. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) recogió las opiniones de Guillermo Shinno, exviceministro de Minas, y de Luis Humberto Chirif, expresidente del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), quienes coinciden en que el concepto de “concesión improductiva” no refleja el ciclo real de la minería, y podría derivar en decisiones regulatorias que aumenten la incertidumbre legal. En el Congreso vienen tomando fuerza distintas iniciativas orientadas a “destrabar” o “castigar” concesiones consideradas ociosas o sin actividad en determinados plazos. Entre ellas, figura el Proyecto de Ley 13497, presentado por el congresista Flavio Cruz (Perú Libre), que plantea que concesiones “ociosas” pasen a ser administradas por el Estado, bajo el argumento de promover la formalización y enfrentar la minería ilegal. Asimismo, en la agenda legislativa aparece el Proyecto de Ley 13481/2025-CR, que propone un régimen de caducidad, limitación y productividad obligatoria para concesiones mineras ociosas, con el objetivo de evitar la “ocupación improductiva” del territorio nacional. Para Guillermo Shinno, calificar una concesión como “improductiva” por no estar en producción desconoce el proceso técnico y los tiempos requeridos para desarrollar un yacimiento. “Un proyecto minero no se puede implementar de la noche a la mañana; se necesita campañas de exploración, estudios de factibilidad y eso toma muchos años, hasta más de diez años”, indicó en conversación con el IIMP. El exfuncionario añadió que uno de los factores que más ralentiza el paso de la exploración a la etapa de desarrollo es el propio Estado, debido a la complejidad y demora en autorizaciones y permisos. Shinno sostuvo que una norma basada en caducidades o sanciones amplias podría debilitar el marco de confianza que sustenta la inversión, con efectos sobre la recaudación futura. “No solamente afecta la seguridad jurídica, sino también la economía futura del país”, advirtió, al señalar que el país depende de esa cartera de concesiones para convertir exploración en proyectos que aporten al fisco. En la misma línea, Luis Humberto Chirif remarcó que la minería opera por etapas y que periodos dedicados a permisos, financiamiento o rediseño del proyecto no equivalen a ausencia de gestión. “La minería tiene etapas… y eso no significa que no se esté desarrollando gestión minera”, planteó. Chirif también alertó que una etiqueta única (“improductiva”) puede meter en el mismo saco situaciones muy distintas, llevando a decisiones regulatorias equivocadas. Respecto de propuestas que plantean recortar concesiones grandes o reasignarlas, fue enfático en el impacto reputacional: “Solo el anuncio… afecta directamente la seguridad jurídica que respalda la inversión minera en el Perú”, señaló. Quienes impulsan estas iniciativas sostienen que apuntan a promover la formalización y a frenar la minería ilegal, elevando el costo de mantener concesiones sin actividad y ampliando el acceso a oportunidades para pequeños operadores. Sin embargo, especialistas y analistas advierten que medidas punitivas o cambios abruptos en las reglas podrían, paradójicamente, desincentivar la exploración (donde se originan los grandes proyectos) y elevar el riesgo país percibido por inversionistas. Fuente: Reporteminero.cl
La Empresa Nacional de Minería (ENAMI) se ha asociado con cuatro consorcios ganadores de los Desafíos I+D de CORFO para el Desarrollo Productivo Sostenible. Esta colaboración fortalecerá una cartera centrada en economía circular y minería secundaria, enfocada en la valorización de relaves y otros residuos mineros. ENAMI contribuirá con materiales de sus depósitos de relaves y la experiencia de especialistas en operación e infraestructura para llevar a cabo análisis, validación de procesos y pilotajes con actores del sector productivo. Según la empresa, es crucial acelerar soluciones tecnológicas para la minería actual, siempre demostrando viabilidad ambiental, técnica y económica para que la innovación pueda implementarse en operaciones reales. Esta iniciativa se alinea con la estrategia de CORFO de fomentar la investigación aplicada a desafíos productivos y facilitar el crecimiento a través de alianzas entre la industria, centros tecnológicos y la academia. ENAMI participará en proyectos relacionados con cobalto, tierras raras (dos proyectos) y una plataforma tecnológica para la Extracción Directa de Litio (EDL). Uno de los proyectos implica una validación semiindustrial de un proceso biotecnológico para la separación limpia de cobalto, con un financiamiento máximo de hasta US$ 3 millones a cargo de la Universidad Andrés Bello (UNAB). Otro proyecto liderado por el Centro Nacional de Pilotaje (CNP) busca desarrollar tecnología para lixiviar y recuperar elementos de tierras raras desde relaves y minerales del norte de Chile, con un financiamiento máximo informado de hasta US$ 3,9 millones. NEORE SpA estará a cargo del desarrollo y pilotaje de un proceso innovador para la extracción, separación y procesamiento de tierras raras, con fondos informados que alcanzan hasta US$ 4 millones. Además, ENAMI participará junto al CNP en el diseño de una plataforma para pruebas de tecnologías de extracción directa de litio desde salmueras. Este proyecto cuenta con un financiamiento máximo de hasta US$ 1,9 millones y una duración estimada en dos años. El objetivo es identificar condiciones, ubicaciones e infraestructura para probar EDL y adaptar las mejores prácticas al contexto chileno. Estos cuatro proyectos se encuentran actualmente en proceso de formalización y firma de acuerdos con CORFO, con planes para comenzar su implementación durante el año 2026. Esta cartera refuerza la tendencia promovida por CORFO: transformar pasivos ambientales mineros en oportunidades productivas, generando nuevas líneas comerciales relacionadas con minerales críticos y cadenas tecnológicas vinculadas a la transición energética. Fuente: Reporteminero.cl
