La empresa minera Barrick informó que ha recibido de manera positiva y con un alto sentido de responsabilidad la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto Prospección El Alto en la región de Atacama. La votación realizada por la Coeva de Atacama resultó en nueve votos a favor, una abstención y ningún voto en contra, según lo reportado por la compañía. Esta aprobación permite a Barrick seguir evaluando una posible inversión futura en el proyecto, con potenciales beneficios para la comuna de Alto del Carmen, la Región de Atacama y las comunidades locales. Prospección El Alto es un proyecto destinado a recopilar información técnica geológica y metalúrgica a través de 43 plataformas para llevar a cabo 62 sondajes. Según la información proporcionada por Barrick, la prospección se llevará a cabo durante dos temporadas estivales, con una inversión estimada de US$35 millones y la creación de aproximadamente 75 empleos por temporada, priorizando la contratación de mano de obra local. Se espera que el proyecto comience después del invierno de 2026 en la cordillera y se desarrolle en dos ciclos de trabajo estival. La empresa también destacó su compromiso con el desarrollo local, buscando maximizar las oportunidades para la comuna y fortalecer sus programas territoriales, incluyendo los Comités de Desarrollo Comunitario (CDC) y la red Emprende Alto. Barrick expresó su gratitud por el diálogo sostenido con vecinos y líderes sociales durante el proceso de evaluación, resaltando que esta aprobación es resultado de años de trabajo enfocado en construir relaciones cercanas y colaborativas. Además, se enfatizó que tanto los servicios como las autoridades han determinado que la DIA cumple con todos los requisitos técnicos y ambientales exigidos por la normativa vigente, lo que permitirá llevar a cabo una prospección respetuosa del entorno y la calidad de vida local. Tras esta aprobación, Barrick aguardará la emisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para avanzar con la planificación definitiva del proyecto. Fuente: Reporteminero.cl
La propuesta legislativa que busca imponer plazos y sanciones a concesiones mineras calificadas como “improductivas” —incluyendo la posibilidad de transferir su administración al Estado — encendió alertas en el sector por su potencial impacto en la seguridad jurídica y el clima de inversión para nuevos proyectos mineros. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) recogió las opiniones de Guillermo Shinno, exviceministro de Minas, y de Luis Humberto Chirif, expresidente del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), quienes coinciden en que el concepto de “concesión improductiva” no refleja el ciclo real de la minería, y podría derivar en decisiones regulatorias que aumenten la incertidumbre legal. En el Congreso vienen tomando fuerza distintas iniciativas orientadas a “destrabar” o “castigar” concesiones consideradas ociosas o sin actividad en determinados plazos. Entre ellas, figura el Proyecto de Ley 13497, presentado por el congresista Flavio Cruz (Perú Libre), que plantea que concesiones “ociosas” pasen a ser administradas por el Estado, bajo el argumento de promover la formalización y enfrentar la minería ilegal. Asimismo, en la agenda legislativa aparece el Proyecto de Ley 13481/2025-CR, que propone un régimen de caducidad, limitación y productividad obligatoria para concesiones mineras ociosas, con el objetivo de evitar la “ocupación improductiva” del territorio nacional. Para Guillermo Shinno, calificar una concesión como “improductiva” por no estar en producción desconoce el proceso técnico y los tiempos requeridos para desarrollar un yacimiento. “Un proyecto minero no se puede implementar de la noche a la mañana; se necesita campañas de exploración, estudios de factibilidad y eso toma muchos años, hasta más de diez años”, indicó en conversación con el IIMP. El exfuncionario añadió que uno de los factores que más ralentiza el paso de la exploración a la etapa de desarrollo es el propio Estado, debido a la complejidad y demora en autorizaciones y permisos. Shinno sostuvo que una norma basada en caducidades o sanciones amplias podría debilitar el marco de confianza que sustenta la inversión, con efectos sobre la recaudación futura. “No solamente afecta la seguridad jurídica, sino también la economía futura del país”, advirtió, al señalar que el país depende de esa cartera de concesiones para convertir exploración en proyectos que aporten al fisco. En la misma línea, Luis Humberto Chirif remarcó que la minería opera por etapas y que periodos dedicados a permisos, financiamiento o rediseño del proyecto no equivalen a ausencia de gestión. “La minería tiene etapas… y eso no significa que no se esté desarrollando gestión minera”, planteó. Chirif también alertó que una etiqueta única (“improductiva”) puede meter en el mismo saco situaciones muy distintas, llevando a decisiones regulatorias equivocadas. Respecto de propuestas que plantean recortar concesiones grandes o reasignarlas, fue enfático en el impacto reputacional: “Solo el anuncio… afecta directamente la seguridad jurídica que respalda la inversión minera en el Perú”, señaló. Quienes impulsan estas iniciativas sostienen que apuntan a promover la formalización y a frenar la minería ilegal, elevando el costo de mantener concesiones sin actividad y ampliando el acceso a oportunidades para pequeños operadores. Sin embargo, especialistas y analistas advierten que medidas punitivas o cambios abruptos en las reglas podrían, paradójicamente, desincentivar la exploración (donde se originan los grandes proyectos) y elevar el riesgo país percibido por inversionistas. Fuente: Reporteminero.cl
La Empresa Nacional de Minería (ENAMI) se ha asociado con cuatro consorcios ganadores de los Desafíos I+D de CORFO para el Desarrollo Productivo Sostenible. Esta colaboración fortalecerá una cartera centrada en economía circular y minería secundaria, enfocada en la valorización de relaves y otros residuos mineros. ENAMI contribuirá con materiales de sus depósitos de relaves y la experiencia de especialistas en operación e infraestructura para llevar a cabo análisis, validación de procesos y pilotajes con actores del sector productivo. Según la empresa, es crucial acelerar soluciones tecnológicas para la minería actual, siempre demostrando viabilidad ambiental, técnica y económica para que la innovación pueda implementarse en operaciones reales. Esta iniciativa se alinea con la estrategia de CORFO de fomentar la investigación aplicada a desafíos productivos y facilitar el crecimiento a través de alianzas entre la industria, centros tecnológicos y la academia. ENAMI participará en proyectos relacionados con cobalto, tierras raras (dos proyectos) y una plataforma tecnológica para la Extracción Directa de Litio (EDL). Uno de los proyectos implica una validación semiindustrial de un proceso biotecnológico para la separación limpia de cobalto, con un financiamiento máximo de hasta US$ 3 millones a cargo de la Universidad Andrés Bello (UNAB). Otro proyecto liderado por el Centro Nacional de Pilotaje (CNP) busca desarrollar tecnología para lixiviar y recuperar elementos de tierras raras desde relaves y minerales del norte de Chile, con un financiamiento máximo informado de hasta US$ 3,9 millones. NEORE SpA estará a cargo del desarrollo y pilotaje de un proceso innovador para la extracción, separación y procesamiento de tierras raras, con fondos informados que alcanzan hasta US$ 4 millones. Además, ENAMI participará junto al CNP en el diseño de una plataforma para pruebas de tecnologías de extracción directa de litio desde salmueras. Este proyecto cuenta con un financiamiento máximo de hasta US$ 1,9 millones y una duración estimada en dos años. El objetivo es identificar condiciones, ubicaciones e infraestructura para probar EDL y adaptar las mejores prácticas al contexto chileno. Estos cuatro proyectos se encuentran actualmente en proceso de formalización y firma de acuerdos con CORFO, con planes para comenzar su implementación durante el año 2026. Esta cartera refuerza la tendencia promovida por CORFO: transformar pasivos ambientales mineros en oportunidades productivas, generando nuevas líneas comerciales relacionadas con minerales críticos y cadenas tecnológicas vinculadas a la transición energética. Fuente: Reporteminero.cl
Un tribunal de Londres rechazó este lunes la solicitud de BHP para obtener permiso de apelación contra el fallo que determinó su responsabilidad legal por el colapso del dique de relaves Fundão en Mariana (Brasil), ocurrido en 2015. La decisión mantiene a la minera expuesta a una demanda colectiva en Reino Unido potencialmente valorada en decenas de miles de millones de libras. La High Court negó el permiso para apelar la sentencia de responsabilidad (liability) emitida previamente, aunque BHP informó que buscará elevar su recurso directamente ante la Court of Appeal. Con la responsabilidad ya establecida en esta etapa del proceso, el caso se encamina hacia un juicio posterior centrado en el monto de los daños (quantum). De acuerdo con la información del proceso, esa fase está prevista para octubre, y una resolución final podría conocerse a mediados de 2027. Los abogados de los demandantes han estimado el litigio —uno de los mayores en la historia judicial inglesa— en hasta £36.000 millones y han reclamado además cerca de £200 millones en costas legales tras su victoria inicial. La demanda agrupa a cientos de miles de personas, decenas de gobiernos locales y alrededor de 2.000 empresas que buscan compensaciones por los efectos del colapso. El dique Fundão era parte de la operación de Samarco, joint venture entre BHP y Vale. En noviembre, la High Court determinó la responsabilidad de BHP en relación con decisiones y controles asociados al activo, abriendo paso a la fase de cuantificación de daños. BHP, por su parte, reiteró públicamente que Brasil sería el foro más adecuado para una reparación “completa y justa” y que continuará defendiendo las siguientes etapas del juicio en paralelo. El rechazo del permiso para apelar en esta instancia reduce el margen de maniobra procesal de BHP en Reino Unido y acelera el foco del caso hacia el monto de las compensaciones. Además, consolida la tendencia de litigios transnacionales donde tribunales europeos analizan responsabilidades corporativas por impactos ambientales ocurridos fuera de su jurisdicción inmediata. Fuente: Reporteminero.cl
La nueva administración de Bolivia, liderada por el presidente en funciones Rodrigo Paz desde noviembre de 2025, ha anunciado su compromiso de respetar los contratos vigentes en el sector de hidrocarburos y litio. Este compromiso incluye acuerdos firmados con empresas asociadas a China y Rusia, con el objetivo de restablecer la confianza de los inversionistas luego de años de inestabilidad política y económica. El ministro de Energía, Mauricio Medinaceli, declaró el 16 de enero de 2026 en La Paz que el gobierno mantendrá los acuerdos suscritos por la administración anterior, incluso si existen discrepancias en la forma en que fueron otorgados. Esta medida busca evitar cualquier indicio de ruptura y brindar certidumbre a aquellos que ya han invertido en el país. En la práctica, esto implica tanto contratos relacionados con el suministro de combustibles del año anterior como proyectos vinculados a la exploración y desarrollo del litio. El equipo de Paz busca revitalizar una economía afectada por problemas como inflación, escasez de combustibles y reservas en dólares debilitadas, fortaleciendo lazos con Estados Unidos y atrayendo inversión privada a sectores estratégicos. Según informes de Reuters, el plan incluye reformas energéticas y la promoción de nuevas leyes sobre hidrocarburos y litio para crear marcos más atractivos, con ajustes en esquemas impositivos y regalías, con el objetivo de reducir la influencia predominante de la estatal YPFB en el sector. Además del compromiso de respetar lo pactado, el gobierno busca elevar los estándares de gobernanza, promoviendo mayor transparencia en los contratos, revisando acuerdos opacos dentro del marco legal existente y certificando recursos con terceros independientes para brindar credibilidad técnica y comercial a proyectos a largo plazo. Bolivia ha enfrentado conflictos políticos y controversias relacionadas con contratos de litio con actores extranjeros en el pasado. A pesar de ser reconocida por sus abundantes recursos naturales, ha enfrentado obstáculos para lograr una producción masiva debido a limitaciones estructurales como altos niveles de magnesio en salmueras y complejidades logísticas desde los salares hasta los puertos. Analistas del mercado advierten que, incluso con mejoras regulatorias, Bolivia podría tardar varios años en convertirse en un productor relevante. El compromiso de respetar contratos también abarca el sector de hidrocarburos, ya que Bolivia busca estabilizar su industria energética mediante reformas y reestructuraciones en su sistema de abastecimiento de combustibles. Fuente: Reporteminero.cl
La empresa minera Barrick informó que ha recibido de manera positiva y con un alto sentido de responsabilidad la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto Prospección El Alto en la región de Atacama. La votación realizada por la Coeva de Atacama resultó en nueve votos a favor, una abstención y ningún voto en contra, según lo reportado por la compañía. Esta aprobación permite a Barrick seguir evaluando una posible inversión futura en el proyecto, con potenciales beneficios para la comuna de Alto del Carmen, la Región de Atacama y las comunidades locales. Prospección El Alto es un proyecto destinado a recopilar información técnica geológica y metalúrgica a través de 43 plataformas para llevar a cabo 62 sondajes. Según la información proporcionada por Barrick, la prospección se llevará a cabo durante dos temporadas estivales, con una inversión estimada de US$35 millones y la creación de aproximadamente 75 empleos por temporada, priorizando la contratación de mano de obra local. Se espera que el proyecto comience después del invierno de 2026 en la cordillera y se desarrolle en dos ciclos de trabajo estival. La empresa también destacó su compromiso con el desarrollo local, buscando maximizar las oportunidades para la comuna y fortalecer sus programas territoriales, incluyendo los Comités de Desarrollo Comunitario (CDC) y la red Emprende Alto. Barrick expresó su gratitud por el diálogo sostenido con vecinos y líderes sociales durante el proceso de evaluación, resaltando que esta aprobación es resultado de años de trabajo enfocado en construir relaciones cercanas y colaborativas. Además, se enfatizó que tanto los servicios como las autoridades han determinado que la DIA cumple con todos los requisitos técnicos y ambientales exigidos por la normativa vigente, lo que permitirá llevar a cabo una prospección respetuosa del entorno y la calidad de vida local. Tras esta aprobación, Barrick aguardará la emisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para avanzar con la planificación definitiva del proyecto. Fuente: Reporteminero.cl
La propuesta legislativa que busca imponer plazos y sanciones a concesiones mineras calificadas como “improductivas” —incluyendo la posibilidad de transferir su administración al Estado — encendió alertas en el sector por su potencial impacto en la seguridad jurídica y el clima de inversión para nuevos proyectos mineros. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) recogió las opiniones de Guillermo Shinno, exviceministro de Minas, y de Luis Humberto Chirif, expresidente del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), quienes coinciden en que el concepto de “concesión improductiva” no refleja el ciclo real de la minería, y podría derivar en decisiones regulatorias que aumenten la incertidumbre legal. En el Congreso vienen tomando fuerza distintas iniciativas orientadas a “destrabar” o “castigar” concesiones consideradas ociosas o sin actividad en determinados plazos. Entre ellas, figura el Proyecto de Ley 13497, presentado por el congresista Flavio Cruz (Perú Libre), que plantea que concesiones “ociosas” pasen a ser administradas por el Estado, bajo el argumento de promover la formalización y enfrentar la minería ilegal. Asimismo, en la agenda legislativa aparece el Proyecto de Ley 13481/2025-CR, que propone un régimen de caducidad, limitación y productividad obligatoria para concesiones mineras ociosas, con el objetivo de evitar la “ocupación improductiva” del territorio nacional. Para Guillermo Shinno, calificar una concesión como “improductiva” por no estar en producción desconoce el proceso técnico y los tiempos requeridos para desarrollar un yacimiento. “Un proyecto minero no se puede implementar de la noche a la mañana; se necesita campañas de exploración, estudios de factibilidad y eso toma muchos años, hasta más de diez años”, indicó en conversación con el IIMP. El exfuncionario añadió que uno de los factores que más ralentiza el paso de la exploración a la etapa de desarrollo es el propio Estado, debido a la complejidad y demora en autorizaciones y permisos. Shinno sostuvo que una norma basada en caducidades o sanciones amplias podría debilitar el marco de confianza que sustenta la inversión, con efectos sobre la recaudación futura. “No solamente afecta la seguridad jurídica, sino también la economía futura del país”, advirtió, al señalar que el país depende de esa cartera de concesiones para convertir exploración en proyectos que aporten al fisco. En la misma línea, Luis Humberto Chirif remarcó que la minería opera por etapas y que periodos dedicados a permisos, financiamiento o rediseño del proyecto no equivalen a ausencia de gestión. “La minería tiene etapas… y eso no significa que no se esté desarrollando gestión minera”, planteó. Chirif también alertó que una etiqueta única (“improductiva”) puede meter en el mismo saco situaciones muy distintas, llevando a decisiones regulatorias equivocadas. Respecto de propuestas que plantean recortar concesiones grandes o reasignarlas, fue enfático en el impacto reputacional: “Solo el anuncio… afecta directamente la seguridad jurídica que respalda la inversión minera en el Perú”, señaló. Quienes impulsan estas iniciativas sostienen que apuntan a promover la formalización y a frenar la minería ilegal, elevando el costo de mantener concesiones sin actividad y ampliando el acceso a oportunidades para pequeños operadores. Sin embargo, especialistas y analistas advierten que medidas punitivas o cambios abruptos en las reglas podrían, paradójicamente, desincentivar la exploración (donde se originan los grandes proyectos) y elevar el riesgo país percibido por inversionistas. Fuente: Reporteminero.cl
La Empresa Nacional de Minería (ENAMI) se ha asociado con cuatro consorcios ganadores de los Desafíos I+D de CORFO para el Desarrollo Productivo Sostenible. Esta colaboración fortalecerá una cartera centrada en economía circular y minería secundaria, enfocada en la valorización de relaves y otros residuos mineros. ENAMI contribuirá con materiales de sus depósitos de relaves y la experiencia de especialistas en operación e infraestructura para llevar a cabo análisis, validación de procesos y pilotajes con actores del sector productivo. Según la empresa, es crucial acelerar soluciones tecnológicas para la minería actual, siempre demostrando viabilidad ambiental, técnica y económica para que la innovación pueda implementarse en operaciones reales. Esta iniciativa se alinea con la estrategia de CORFO de fomentar la investigación aplicada a desafíos productivos y facilitar el crecimiento a través de alianzas entre la industria, centros tecnológicos y la academia. ENAMI participará en proyectos relacionados con cobalto, tierras raras (dos proyectos) y una plataforma tecnológica para la Extracción Directa de Litio (EDL). Uno de los proyectos implica una validación semiindustrial de un proceso biotecnológico para la separación limpia de cobalto, con un financiamiento máximo de hasta US$ 3 millones a cargo de la Universidad Andrés Bello (UNAB). Otro proyecto liderado por el Centro Nacional de Pilotaje (CNP) busca desarrollar tecnología para lixiviar y recuperar elementos de tierras raras desde relaves y minerales del norte de Chile, con un financiamiento máximo informado de hasta US$ 3,9 millones. NEORE SpA estará a cargo del desarrollo y pilotaje de un proceso innovador para la extracción, separación y procesamiento de tierras raras, con fondos informados que alcanzan hasta US$ 4 millones. Además, ENAMI participará junto al CNP en el diseño de una plataforma para pruebas de tecnologías de extracción directa de litio desde salmueras. Este proyecto cuenta con un financiamiento máximo de hasta US$ 1,9 millones y una duración estimada en dos años. El objetivo es identificar condiciones, ubicaciones e infraestructura para probar EDL y adaptar las mejores prácticas al contexto chileno. Estos cuatro proyectos se encuentran actualmente en proceso de formalización y firma de acuerdos con CORFO, con planes para comenzar su implementación durante el año 2026. Esta cartera refuerza la tendencia promovida por CORFO: transformar pasivos ambientales mineros en oportunidades productivas, generando nuevas líneas comerciales relacionadas con minerales críticos y cadenas tecnológicas vinculadas a la transición energética. Fuente: Reporteminero.cl
Un tribunal de Londres rechazó este lunes la solicitud de BHP para obtener permiso de apelación contra el fallo que determinó su responsabilidad legal por el colapso del dique de relaves Fundão en Mariana (Brasil), ocurrido en 2015. La decisión mantiene a la minera expuesta a una demanda colectiva en Reino Unido potencialmente valorada en decenas de miles de millones de libras. La High Court negó el permiso para apelar la sentencia de responsabilidad (liability) emitida previamente, aunque BHP informó que buscará elevar su recurso directamente ante la Court of Appeal. Con la responsabilidad ya establecida en esta etapa del proceso, el caso se encamina hacia un juicio posterior centrado en el monto de los daños (quantum). De acuerdo con la información del proceso, esa fase está prevista para octubre, y una resolución final podría conocerse a mediados de 2027. Los abogados de los demandantes han estimado el litigio —uno de los mayores en la historia judicial inglesa— en hasta £36.000 millones y han reclamado además cerca de £200 millones en costas legales tras su victoria inicial. La demanda agrupa a cientos de miles de personas, decenas de gobiernos locales y alrededor de 2.000 empresas que buscan compensaciones por los efectos del colapso. El dique Fundão era parte de la operación de Samarco, joint venture entre BHP y Vale. En noviembre, la High Court determinó la responsabilidad de BHP en relación con decisiones y controles asociados al activo, abriendo paso a la fase de cuantificación de daños. BHP, por su parte, reiteró públicamente que Brasil sería el foro más adecuado para una reparación “completa y justa” y que continuará defendiendo las siguientes etapas del juicio en paralelo. El rechazo del permiso para apelar en esta instancia reduce el margen de maniobra procesal de BHP en Reino Unido y acelera el foco del caso hacia el monto de las compensaciones. Además, consolida la tendencia de litigios transnacionales donde tribunales europeos analizan responsabilidades corporativas por impactos ambientales ocurridos fuera de su jurisdicción inmediata. Fuente: Reporteminero.cl
La nueva administración de Bolivia, liderada por el presidente en funciones Rodrigo Paz desde noviembre de 2025, ha anunciado su compromiso de respetar los contratos vigentes en el sector de hidrocarburos y litio. Este compromiso incluye acuerdos firmados con empresas asociadas a China y Rusia, con el objetivo de restablecer la confianza de los inversionistas luego de años de inestabilidad política y económica. El ministro de Energía, Mauricio Medinaceli, declaró el 16 de enero de 2026 en La Paz que el gobierno mantendrá los acuerdos suscritos por la administración anterior, incluso si existen discrepancias en la forma en que fueron otorgados. Esta medida busca evitar cualquier indicio de ruptura y brindar certidumbre a aquellos que ya han invertido en el país. En la práctica, esto implica tanto contratos relacionados con el suministro de combustibles del año anterior como proyectos vinculados a la exploración y desarrollo del litio. El equipo de Paz busca revitalizar una economía afectada por problemas como inflación, escasez de combustibles y reservas en dólares debilitadas, fortaleciendo lazos con Estados Unidos y atrayendo inversión privada a sectores estratégicos. Según informes de Reuters, el plan incluye reformas energéticas y la promoción de nuevas leyes sobre hidrocarburos y litio para crear marcos más atractivos, con ajustes en esquemas impositivos y regalías, con el objetivo de reducir la influencia predominante de la estatal YPFB en el sector. Además del compromiso de respetar lo pactado, el gobierno busca elevar los estándares de gobernanza, promoviendo mayor transparencia en los contratos, revisando acuerdos opacos dentro del marco legal existente y certificando recursos con terceros independientes para brindar credibilidad técnica y comercial a proyectos a largo plazo. Bolivia ha enfrentado conflictos políticos y controversias relacionadas con contratos de litio con actores extranjeros en el pasado. A pesar de ser reconocida por sus abundantes recursos naturales, ha enfrentado obstáculos para lograr una producción masiva debido a limitaciones estructurales como altos niveles de magnesio en salmueras y complejidades logísticas desde los salares hasta los puertos. Analistas del mercado advierten que, incluso con mejoras regulatorias, Bolivia podría tardar varios años en convertirse en un productor relevante. El compromiso de respetar contratos también abarca el sector de hidrocarburos, ya que Bolivia busca estabilizar su industria energética mediante reformas y reestructuraciones en su sistema de abastecimiento de combustibles. Fuente: Reporteminero.cl
